23 de febrero 2009 - 00:00

Sacude a Colombia escándalo de espionaje

El Gobierno de Álvaro Uribe reconoció la gravedad de la denuncia. Una fuente de Inteligencia dijo que las órdenes de espionaje provenían de la Casa de Gobierno.
El Gobierno de Álvaro Uribe reconoció la gravedad de la denuncia. Una fuente de Inteligencia dijo que las órdenes de espionaje provenían de la Casa de Gobierno.
Bogotá - El descubrimiento de una organización paralela de espionaje masivo contra opositores, jueces que investigan nexos de oficialistas con paramilitares, periodistas y el propio presidente Álvaro Uribe sacudió este fin de semana al servicio de inteligencia de Colombia. El Gobierno de Uribe, sometido a críticas, admitió la gravedad de las denuncias pero deslindó responsabilidades, al atribuir la estructura de Inteligencia paralela al accionar de «mafias».
La última edición de la revista Semana, que salió a la venta el sábado, reveló que durante varios meses el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) también realizó escuchas a algunos funcionarios y denunció que dentro de ese organismo existe una red que vende informaciones de inteligencia a narcotraficantes, paramilitares y guerrilleros.
La fuente de Semana indicó que cualquier persona que represente un eventual peligro para el Gobierno debía ser «vigilada» y por eso se decidió hacer escuchas a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), encargada de investigar a unos 70 congresistas del oficialismo por sus supuestos nexos con los grupos paramilitares. Además de los funcionarios judiciales, el DAS también consideró como «blancos legítimos» a periodistas y medios de comunicación. «Se monitorean esporádicamente algunos directores o jefes para establecer lo que los periodistas llaman 'línea editorial'. Pero la mayor parte del esfuerzo está encaminada a los periodistas que manejan la información y las fuentes duras», dijo el espía a la revista.
El funcionario del DAS puntualizó que muchos integrantes del Palacio de Nariño (sede de Gobierno) son los que piden al servicio de inteligencia iniciar las escuchas contra opositores del Gobierno.
El director del DAS, Felipe Muñoz, aseguró que junto a la Fiscalía y al Ministerio Público se investigarán las denuncias y negó que desde su dependencia o desde el Gobierno se haya impartido la orden de realizar las escuchas telefónicas y las «capturas» de correos electrónicos.
Destrucción
Varios de los documentos y grabaciones de las conversaciones que recopiló el DAS, que depende de la Presidencia, fueron destruidos entre el 19 y 21 de enero pasado, ante la llegada de Muñoz como nuevo director desde el 22 de ese mes.
El ministro del Interior y Justicia, Fabio Valencia, aseguró por su parte a Caracol Radio que «se ha conformado al interior del DAS un grupo delincuencial, una mafia que no solamente atenta contra la seguridad del Estado sino que se dedicó, según las denuncias hechas por la revista Semana, a interceptar teléfonos del propio presidente y sus colaboradores más cercanos», señaló el funcionario.
La Fiscalía colombiana registró anoche la sede del servicio de inteligencia en Bogotá. El fiscal Mario Iguarán dijo que hombres del Cuerpo Técnico de Investigaciones (CTI) revisaron «los equipos tácticos que operan a través de satélites que permiten ubicar la información en el espectro electromagnético, como también los equipos de interceptación portátiles de correos electrónicos y de celulares», explicó.
Un detective que trabajaba en la subdirección de operaciones del DAS y que participó en el espionaje indicó a la revista que los congresistas opositores Piedad Córdoba y Gustavo Petro estaban entre las personalidades a las que se les pincharon los teléfonos.
Córdoba y Petro responsabilizaron del hecho a Uribe, a quien le pidieron explicaciones. Por su parte, Petro añadió que el DAS se prestó para una actividad antidemocrática y por eso hará «una denuncia ante las instancias internacionales». «Es indudable que la orden proviene del Presidente, que es una persona que no tiene valores democráticos», aseguró el parlamentario.
En octubre de 2005, el servicio de inteligencia terminó envuelto en un escándalo que llevó a la salida de su entonces director, Jorge Noguera, hoy preso en una cárcel, por los supuestos nexos que tenía él y ese organismo de seguridad con los grupos paramilitares.
Por su parte, el ministro de Defensa y precandidato presidencial, Juan Manuel Santos, descartó que el Gobierno esté involucrado con las escuchas. «Es una situación muy grave y hay que llegar el fondo», subrayó.
Agencias EFE, AFP, Reuters, ANSA y DPA

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