- ámbito
- Edición Impresa
Salud, de la queja al aplauso
Las «salas cuna», destinadas a niños de 3 meses a 2 años, han alcanzado tal impacto en un país en el que hace años se hizo carne la noción de que corresponde pagar por los servicios que se consumen, aunque sean básicos, que ambos candidatos para el balotaje del domingo manifestaron su compromiso de continuar con el plan.
De acuerdo con informes públicos, hacia 2005, cuando asumió Bachelet, la cobertura estatal de guarderías alcanzaba al 3 por ciento de la población. Desde entonces, se han construido nada menos 3.500 «salas cuna» para unos 70.000 lactantes, lo que equivale al 17 por ciento del total de las plazas necesarias, según la no gubernamental Fundación Integra, que, con la Junta Nacional de Jardines Infantiles, gestiona el sistema de protección a la infancia.
Los objetivos fijados marcan que hacia fin de año serán 85.000 los niños de hasta 2 años beneficiados, a los que deberán ser sumados otros 43.000 en edad de educación preescolar, hasta los 5 años, con un criterio de distribución focalizado en familias pobres o indigentes.
Como una meta primordial, tal como expresó a este diario Raúl Romero, jefe de Planificación de Integra, «las salas cuna surgieron por la inquietud de que la mujer se incorpore al mundo laboral, ya que Chile tiene una de las tasas más bajas de participación femenina en el trabajo».
El Sistema Nacional de Salud que rigió en Chile desde 1952 hasta 1981 suele ser elogiado por sanitaristas como un modelo en cuanto a prevención en los grupos de mayor vulnerabilidad. Ello le permitió hace décadas al país liderar el continente en cuanto a bajas tasas de mortalidad infantil -rasgo no interrumpido durante la dictadura (1973-1990)-, que se ubican hoy en el 7 por mil, sólo superado en América por Canadá (6 por mil) y Cuba (4,8 por mil).
Modalidades
Sin embargo, no tan grato es el presente en cuanto a atención sanitaria para la gran mayoría de los chilenos, que pueden optar la derivación del 7% del salario para las privadas Isapres (Institución de Salud Previsional) y el estatal Fondo Nacional de Salud (FONASA), de acuerdo con un sistema que rige desde 1981.
En la práctica, un 18% de los chilenos -los que más ganan- es atendido por las prepagas, que también se hacen cargo de financiar las licencias médicas. Por ejemplo, en un caso de ingresos altos, un plan de salud de unos u$s 500 por mes para un grupo familiar tipo brinda una cobertura del 80% en una consulta médica simple, que cuesta u$s 80. Un parto promedio en una clínica privada se paga u$s 500; y una noche de cama, u$s 100, según datos aportados a este diario por Rodrigo Castro, economista experto en temas de salud y vicedecano de la Universidad del Desarrollo.
Aquellos que por nivel salarial no pueden acceder a un plan básico son derivados al FONASA, que tiene dos modalidades.
La de «libre elección» permite acudir a clínicas privadas, con copagos mayores, mientras la «institucional» supone acudir a centros públicos, con copagos máximos del 20 por ciento por servicios más económicos. Existe una cobertura gratuita estatal para las familias con ingresos inferiores a u$s 300.
Castro, asesor del equipo de Sebastián Piñera, propone abandonar las Isapres para pasar a un sistema de AFJP especial para la salud, en el que cada trabajador capitalice su aporte en una cuenta, de la que se deducirán los costos médicos que vayan surgiendo.
El aporte, que según explicó su ideólogo cuenta con la ventaja de ser menor que el 7 por ciento del salario que impone la legislación actual, incluiría un «seguro catastrófico» para accidentes o enfermedades graves, con una franquicia por u$s 2.500.
«Este sistema tiene experiencias exitosas en Singapur, Sudáfrica y provincias de China», dijo Castro a este diario. La propuesta supone un subsidio especial del Estado para los sueldos más bajos.
