Diputados. Massa recibió en el Salón de Honor a Ginés González García; Elizabeth Gómez Alcorta; Sabina Frederic, Fernanda Raverta y Vilma Ibarra.
Con la presencia de los ministros de Salud, Ginés González García; de Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta; de Seguridad, Sabina Frederic; la titular de la Anses, Fernanda Raverta; la asesora presidencial Dora Barrancos; la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza; y la secretaria legal y técnica de la Presidencia, Vilma Ibarra, la Cámara de Diputados se encaminaba a votar en la madrugada de hoy el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo.
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En un tramo de la sesión, los funcionarios se reunieron en el Salón de Honor con el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa. Fuentes parlamentarias dijeron que la presencia de los funcionarios junto a Massa “le otorga volumen al debate” y busca reafirmar que se trata de una iniciativa enviada por el presidente Alberto Fernández.
El debate se realiza en la misma jornada en que se cumple un año del Gobierno del Frente de Todos, quien envió a la Cámara baja el proyecto de legalización del aborto y el Plan de los 1.000 días el pasado 17 de noviembre. El dictamen de mayoría emitido ayer por un plenario de comisiones establece que “las mujeres y otras personas con identidades de género con capacidad de gestar” tienen derecho a practicarse un aborto hasta la semana 14 del proceso gestacional.
Puntos principales del proyecto:
El aborto se permitirá hasta la semana catorce (14) inclusive, del proceso gestacional. Fuera de ese plazo sólo se podrá acceder en caso de violación o si estuviere en peligro la vida o la salud integral de la persona gestante.
Mujeres y personas gestantes tienen derecho a acceder a la interrupción de su embarazo en los servicios del sistema de saludo con su asistencia, en un plazo máximo de diez (10) días corridos desde su requerimiento.
En caso de menores de trece (13) años, se debe contar con el consentimiento informado y la asistencia de al menos uno de sus progenitores o representante legal.
En los casos de adolescentes de entre trece (13) y dieciséis (16), deberá tener un acompañante o “referente afectivo”.
Previo a la realización del aborto se requiere el consentimiento informado de la persona gestante expresado por escrito.
El profesional de salud que deba intervenir de manera directa en la interrupción del embarazo tiene derecho a ejercer la objeción de conciencia. Para ello deberá mantener su decisión en todos los ámbitos, público y privado, en que ejerza su profesión, y derivar de buena fe a la paciente para que sea atendida por otro u otra profesional en forma temporánea y oportuna, sin dilaciones.
Los centros de salud privados o de la seguridad social que no cuenten con profesionales para realizar un aborto a causa de la objeción de conciencia deberán prever y disponer la derivación a un lugar, de similares características, donde se realice efectivamente la prestación.
El personal de salud no podrá negarse a la realización de la interrupción del embarazo en caso de que la vida o salud de la persona gestante esté en peligro y requiera atención inmediata e impostergable.
Tampoco se podrá alegar objeción de conciencia para negarse a prestar atención sanitaria postaborto. El incumplimiento de los requisitos para ejercer el derecho de objeción de conciencia dará lugar a las sanciones disciplinarias, administrativas, penales y civiles, según corresponda.
Obras sociales y prepagas deben incorporar la cobertura integral y gratuita de la interrupción voluntaria del embarazo.
Estas prestaciones quedan incluidas en el Programa Nacional de Garantía de Calidad de la Atención Médica y en el PMO con cobertura total, junto con las prestaciones de diagnóstico, medicamentos y terapias de apoyo.
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