• NUEVA DEMANDA ANTE LA CORTE PARA EVITAR QUITA DE FONDOS POR NO FIRMAR EL PACTO FISCAL Espera llamado de la Casa Rosada para negociar pago por incumplimientos en Ley de Coparticipación.
Queja. “Pese a los fallos en su contra, Nación no sólo no nos paga, sino que tampoco se presta al diálogo”, asegura Alberto Rodríguez Saá.
El Gobierno de San Luis busca acortar los plazos para que Nación salde la deuda por fondos coparticipables que tiene fallo de la Corte Suprema favorable a la provincia, al tiempo que pide con una nueva demanda que la Casa Rosada no le recorte el envío de fondos por no haber suscripto al Pacto Fiscal.
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La administración del peronista crítico Alberto Rodríguez Saá no firmó el Pacto rubricado por los gobernadores y Nación, con lo cual el distrito no desestimó sus demandas al Gobierno nacional como sí hizo el resto de las provincias. El gobernador anticipó el 1 de abril su reclamo en el discurso de apertura de sesiones ordinarias.
"San Luis no tiene déficit, tampoco deudas. Sí acreencias, y muchas. La Nación es nuestro principal deudor y, pese a los fallos en su contra, no sólo no nos paga, sino que tampoco se presta al diálogo para encontrar un camino de solución", dijo. Y agregó: "Son 16 los juicios con reclamos patrimoniales en trámite ante la Corte Suprema por incumplimientos de la Ley de Coparticipación. Dos de ellos con sentencia firme hace más de 2 años. En total, la deuda actualizada supera los $46 mil millones".
En concreto, San Luis le pidió a la Corte que defina el tipo de tasa que se va a aplicar para el pago por la retracción del 15% de fondos coparticipables. Una vez que el Máximo Tribunal defina, empezarán a correr los 120 días de plazo para que Nación y puntanos se pongan de acuerdo en la forma de pago. Según cálculos provinciales, sólo ese juicio supera los $17.000 millones a monto actualizado con tasa activa.
El pedido a la Corte surgió después de que Marcos Peña, jefe de Gabinete de Mauricio Macri, dijera hace tres semanas ante el Congreso que restaba definir la tasa para luego entablar conversaciones con Rodríguez Saá.
En el Gobierno de San Luis ven con preocupación la negativa de la Casa Rosada a los pedidos de audiencia -la última reunión por este tema fue hace más de un año-. Incluso están dispuestos a avanzar sobre una tasa pasiva y que, en tal caso, se reajusten valores si la Corte dictamina que la tasa a aplicar es activa, como piden en la provincia. Asimismo, siguen con atención las negociaciones de Santa Fe, donde funcionarios del socialista Miguel Lifschitz buscan cerrar un acuerdo para que Nación la compense por desistir del juicio casi idéntico al puntano. Este sería saldado con obras y títulos públicos, sin efectivo, bosquejo que podría ser el punto de partida del intercambio San Luis-Nación.
Además, los puntanos iniciaron una nueva demanda por el recorte de fondos que sí están recibiendo las provincias que firmaron el Pacto Fiscal, como el Fondo de la Soja o las modificaciones del impuesto al cheque. El argumento provincial es que como San Luis no suscribió al acuerdo, no debería aplicarse el nuevo esquema. Los puntanos reclaman que no puede haber modificaciones unilaterales de la Casa Rosada.
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