Schoklender: le embargan ahora un avión

La Justicia identificó e inmovilizó uno de los aviones atribuidos al entorno de Sergio Schoklender. Lo hizo tras un operativo de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) en la estación aérea de San Fernando, ordenado por el juez federal Norberto Oyarbide. En paralelo, su colega Marcelo Martínez de Giorgi, que tiene otra causa por presuntas irregularidades en las contrataciones de obras de Madres de Plaza de Mayo, pidió copias de los acuerdos celebrados con municipios y provincias, así como informes de los organismos encargados del control de esos emprendimientos.

El procedimiento en San Fernando culminó con la localización de una de las aeronaves, un Cessna Citation, que de acuerdo con el expediente figura a nombre de Meldorek, la empresa de la que es propietario Schoklender en su mayoría. La PSA dictó la prohibición de vuelo, en la práctica una suerte de embargo sobre la máquina. La investigación también está orientada a buscar otro avión, un Piper.

El martes, la Justicia ya había dado con una embarcación de 14 metros de eslora, el Areté, a nombre de Meldorek, y ayer terminó de comprobar que otro yate, el Sirius -de 21 metros de eslora-, estaba anotado como propiedad de la misma compañía hasta fin del año pasado, cuando fue vendido al empresario José Fernando Caparrós Gómez, de quien se sospecha pudo haber operado como financista de Schoklender.

Los bienes localizados hasta ahora forman parte de la recopilación hecha por el fiscal especial antilavado Raúl Pleé y elevada luego a su colega Jorge Di Lello y al juez Oyarbide. En el mismo listado figura el inmueble donde funciona la escuela Jean Piaget, en el barrio de Chacarita, que se cree pudo ser comprada por Schoklender mediante alguna de las empresas a las que está ligado. El eje de la investigación es si las propiedades, vehículos y bienes a nombre del grupo de empresas (además de Meldorek están Antártica, Stylo Car, Gorlac, Monetización y Regie Royale, entre otras) fueron adquiridos para lavar dinero obtenido de manera irregular de las contrataciones de obras hechas por la fundación Madres de Plaza de Mayo.

La organización que preside Hebe de Bonafini obtuvo ayer del juez Oyarbide un plazo de 10 días para presentar la documentación que le había requerido el magistrado. En concreto, deberá llevar a Tribunales copias de todos los acuerdos celebrados con municipios, provincias y Nación para la realización de edificaciones, así como cualquier otro papel que pudiera vincular a la fundación con las empresas investigadas.

Documentación similar a la que busca Oyarbide es la que pidió ayer mismo Martínez de Giorgi, el otro juez que investiga las obras de Madres, pero ante la sospecha de eventuales irregularidades por parte de los funcionarios que debían controlarlas. El magistrado hizo lugar a un pedido del fiscal Miguel Ángel Osorio y además requirió informes que pudieran haber llevado a cabo organismos de control: la Auditoría General de la Nación (AGN), la Sindicatura (SIGEN) y la Inspección General de Justicia (IGJ).

Martínez de Giorgi también le pidió al Banco Central datos sobre eventuales cuentas bancarias de la Misión Sueños Compartidos, de Madres. Los pedidos surgieron de una «denuncia bastante deficiente» hecha con «relatos vagos de terceros», sostuvo Osorio en su requerimiento de instrucción, al aludir a la presentación original del abogado Jorge Vitale. El fiscal agregó en su escrito que la denuncia ameritaría, «más que una investigación penal, una auditoría» de los planes de vivienda cuestionados.