Se falsean las estadísticas, los candidatos y los debates

Escribe Enrique Szewach

En la Argentina no sólo hay falsas estadísticas y falsos candidatos, sino que también, como no podía ser de otra manera, falsos debates. Uno de ellos gira en torno de los fondos expropiados a las AFJP y hoy administrados por el Gobierno.

Es un falso debate, porque se origina en una ley inadecuada y en un falso entendimiento de cómo funciona un sistema de reparto estatal, vis a vis un sistema de capitalización.

Hasta fines del año pasado, en la Argentina regía un sistema mixto. Por un lado, el sistema de reparto que recaudaba una parte de los impuestos nacionales -cedidos de la coparticipación por las provincias en diversas oportunidades- y las contribuciones al sistema de seguridad social de empleadores y trabajadores no adheridos al régimen de capitalización. Con esos fondos se pagaba la jubilación de reparto y las compensaciones a quienes cambiaron de régimen, cuando fue instituido a mediados de la década del 90, por los aportes efectuados anteriormente. Este sistema convivía con un régimen de capitalización, con administradores públicos y privados, que recibían los aportes de los trabajadores que optaron por este régimen y, a cambio de un honorario, invertían esos fondos sujetos a reglas estrictas de asignación.

Objetivos

En el sistema de reparto, el objetivo es que los fondos recolectados alcancen para «repartir» entre los actuales jubilados, de manera de pagar a cada uno un monto determinado y ajustado por ley. Si, eventualmente, «sobra» algo, ese algo se destina a objetivos diversos del Gobierno de turno. El sistema de capitalización, por su parte, tiene como objetivo maximizar la renta de los fondos acumulados, siempre dentro de una ecuación riesgo-beneficio fuertemente regulada, para que, en el momento de la jubilación, ese ahorro permita a cada individuo un retiro adecuado. En caso de no obtener la rentabilidad promedio del sistema, la regulación obligaba a los accionistas de las AFJP a un aporte de capital que compensara la pérdida registrada, siempre respecto de la rentabilidad promedio del sistema.

Cuando el Gobierno de Cristina de Kirchner propuso estatizar los fondos acumulados y terminar con el régimen de capitalización, planteó, precisamente, acabar con el régimen de capitalización, no replicarlo en el Estado, como se intentó vender a la opinión pública y como, mal intencionados algunos, ingenuos otros, votaron los legisladores. Si el objetivo era estatizar el régimen de capitalización, bastaba con concentrar todos los activos en una AFJP estatal, como la del Banco Nación, por ejemplo y, adicionalmente, permitir que siguieran funcionando aquellas AFJP con administradores «sin fines de lucro», como los sindicatos o asociaciones profesionales, que ya existían. Con cuentas nominales de los aportantes y reglas de inversión estrictas, para maximizar los ahorros.

No fue esto lo que se hizo. No fue eso lo que se quería hacer. Lo que se hizo, y lo que se quería hacer, lisa y llanamente, era traspasar los activos de las AFJP, incluidas las estatales, a la ANSES y establecer un régimen único de reparto.

Como se mencionó, en un régimen de reparto, se pagan las jubilaciones de acuerdo con lo establecido por la ley, y lo que «sobra» se destina a objetivos públicos diferentes del de maximizar la rentabilidad de los fondos. No importa la letra de la ley, ni las comisiones de control, ni los «fondos de garantía». Ninguna de esas instituciones es compatible con un sistema de reparto. Son engendros virtuales y falsos, para disfrazar la realidad. La realidad es que la Argentina tiene un sistema jubilatorio de reparto, que además está en infracción, porque ha liquidado y sigue liquidando mal los haberes jubilatorios, generando compromisos de deuda futuros, a medida que los juicios de los actuales receptores vayan determinando el pago de las diferencias.

Ingresos

Por esta razón, el supuesto superávit de la ANSES no es tal. Tampoco lo es por el hecho de que los ingresos no están conformados únicamente por los aportes a la seguridad social y los nuevos aportes de los «traspasados obligatoriamente» del anulado régimen del capitalización, sino que, además, cuenta con impuestos cedidos por las provincias para financiar la transición entre el régimen de reparto y el régimen de capitalización. Pero al ser eliminado este último, ¡no hay transición y hay que devolver los impuestos que la financiaban! Si se procede de esta manera, a la ANSES no le sobra nada, por el contrario le falta y mucho.

Como se puede apreciar, hay un régimen de reparto que ha heredado un falso esquema de regulación y control, vinculado a un régimen de capitalización que ya no existe, mientras que la ANSES administra un falso superávit.

Los fondos de la ANSES, salvo por estos «pequeños detalles» de un superávit inexistente y jubilaciones mal liquidadas, están «bien administrados». Para eso se instrumentó, y se votó mayoritariamente, un sistema de reparto exclusivo, para destinar los fondos a objetivos diferentes del de la maximización de la rentabilidad sujeto al riesgo. (Insisto, si se hubiera querido esto último, no se hubiera hecho lo que se hizo). Los objetivos de cualquier fondo público de un Gobierno intervencionista son: maximizar cierto empleo (mientras se permite que otros trabajadores lo pierdan sin seguro), financiar emprendimientos de interés público, ayudar a los amigos y participar de las decisiones de empresas privadas designando directores (en lugar de negociar la venta paulatina de las acciones), entre otros.

Ése era el objetivo central de la apropiación de los fondos. Eso es lo que se está haciendo y muy bien. No se entiende qué se cuestiona. No se entiende, para variar, qué se debate.