Senado aprobó reforma de los juicios penales

Senado aprobó reforma de los juicios penales

  El Gobierno logró aprobar ayer en el Senado el nuevo Código Procesal Penal por 39 votos a favor y 24 en contra. El kirchnerismo no consiguió seducir a la oposición que, en algunos casos, había prometido el voto afirmativo para el debate en general, a pesar de haber aceptado más de 40 cambios en el proyecto con relación al original que había girado Cristina de Kirchner.

La discusión en el recinto fue rápida, y de hecho llegó antes del horario previsto. Para esa hora la oposición había argumentado en contra de los poderes que se le conceden a la procuradora general, Alejandra Gils Carbó, una de las ganadoras de esta reforma, que establece pasar al sistema acusatorio y de esa forma comienza a darles más poder a los fiscales en la acción.

El radicalismo estuvo sempre de acuerdo conceptualmente en el cambio al sistema acusatorio que establece la reforma. Durante el debate pidió algunas modificaciones que el Gobierno concedió, pero el kirchnerismo no aceptó bajar el Anexo 2, donde se establece la creación de 2.000 cargos más y una estructura nueva para el Ministerio Público Fiscal. Fue entonces cuando el radicalismo decidió votar en contra también en general y toda la oposición lo siguió.

"No podemos otorgarle semejante herramienta de poder a un funcionario, ya sea Gils Carbó u otro, la facultad de designar 1.580 cargos a través de procesos poco transparentes", dijo Jaime Linares, del GEN.

"En 17 provincias ya rige este tipo de código y no han resuelto el tema de la seguridad. Interpretamos que antes de la reforma del código debiera haber dos elementos aprobados: el nuevo Código Penal y la reforma del Ministerio Público, porque al cambiar el rol de los fiscales deberían tener un marco de selección y funcionamiento distinto que debería estar normado en la reforma del Ministerio Público. No comprendemos cuál es el apuro para el tratamiento de este código sin tener el nuevo Código Penal y la nueva ley de ministerio público", insistió en el recinto.

El proyecto fue aprobado y girado a la Cámara de Diputados tras un debate que llevó poco más de cinco horas. Sólo Guillermo Pereyra, del Movimiento Popular Neuquino (MPN), y Carlos Verna, del PJ-La Pampa, se sumaron al voto del kirchnerismo.

Poco antes, cuando defendió el proyecto, Aníbal Fernández habló de "un cambio trascendental": "Prácticamente la mayoría de los países de América y 17 provincias han tenido experiencia".

El radical Mario Cimadevilla había atacado los poderes a la Procuración General: pidió votar el nuevo código "simultáneamente con una ley orgánica del Ministerio Público" y criticó que "en el anexo 2 del proyecto se crea un sinnúmero de cargos, algo que podría haberse hecho al final del proceso de estudio de este código".

Ernesto Sanz cuestionó "la revisión de sentencia en favor del condenado" y preguntó: "¿Por qué sí en favor del condenado y no en favor de la víctima?".

Rodolfo Urtubey le contestó: "La revisión de condena siempre ha sido un último recurso a favor del condenado".

El proyecto, con todas las modificaciones, dispone la suspensión del proceso a prueba y la expulsión del país a los extranjeros que hayan sido encontrados cometiendo un delito en flagrancia.

También sigue la legislación aprobada este año por el propio Senado al disponer el decomiso a favor del Estado de objetos o ganancias que son fruto o provienen del narcotráfico. Dentro de los cambios se eliminó la figura de la "conmoción social" como medida para disponer la prisión preventiva.