Senado buscaba destrabar pack fiscal y cálculo de actualización jubilatoria

Fuertes críticas opositoras y defensas de la fórmula actual. Avanzaría repartija de fondos a provincias. Diputados sancionaría en extraordinarias.

Dardo. “El Gobierno, como siempre, comete tonterías. Los acuerdos debieron haber venido en un solo proyecto. Tienen problemas en el funcionamiento neurológico. Hacen todo mal”, disparó el jefe del PJ, Miguel Pichetto, clave a la hora de la votación y del acuerdo con el oficialismo.

La última sesión ordinaria del año en el Senado presentaba anoche -pasado el cierre de esta edición, a las 23- todo un desafío para el Gobierno, que buscaba aprobar y girar a Diputados -tras el acuerdo entre Cambiemos y el PJ- el pack fiscal (Consenso y Responsabilidad) y el nuevo cálculo para actualizar los haberes jubilatorios.

Como principales medidas, lo que trataban anoche los senadores implicará:

Haberes jubilatorios. El proyecto, retocado por el peronismo el jueves pasado en comisión, establece que el cálculo de actualización de los haberes previsionales se realice en base a combinación del 70% del Indice de Precios al Consumidor elaborado por el INDEC, y un 30% por la variación de salarios (Ripte)", en lugar de tener en cuenta sólo inflación y la expansión del PBI, como establecía el texto original del Ejecutivo.

Con otros agregados se pretendía aprobar también incluir asignaciones familiares y que la primera actualización -dejará de ser semestral y se convertirá en trimestal- se haga efectiva "a partir del 1 de marzo de 2018". Desde parte de la oposición pidieron que fuera recién desde junio próximo.

Además, se eliminarán las inequidades generadas por los regímenes de jubilaciones de privilegio y se garantizará a los beneficiarios de la Prestación Básica Universal (PBU) que acrediten treinta 30 años o más de servicios con aportes efectivos, el pago de un suplemento dinerario hasta alcanzar un haber previsional equivalente al 82% del valor del Salario Mínimo, Vital y Móvil.

Consenso Fiscal. Las provincias deberán bajar "impuestos distorsivos", como Ingresos Brutos y Sellos, por 1,5% del PBI en los próximos cinco años y mantener su gasto constante en términos reales.

Un punto fundamental del consenso es el acuerdo por el Fondo del Conurbano, con una torta de $40.000 millones en 2018 y $65.000 millones en 2019 para la provincia de Buenos Aires, además de la derogación del artículo 104 de Ganancias, que gatillaba un tope de $650 millones para el distrito que comanda en la actualidad María Eugenia Vidal.

Otras cuestiones tratan sobre el fin de los juicios de todas las provincias -excepto San Luis-contra Nación, que implicaban disputas por $340.000 millones de los distritos y $400.000 millones de Buenos Aires. También aparecen en el consenso la ley de revalúo impositivo y el direccionamiento del 100% del impuesto al cheque para la ANSES.

Ley de Responsabilidad Fiscal. Nación, provincias y la Ciudad calcularán parámetros e indicadores que midan la eficiencia y eficacia en materia de recaudación y en materia de gasto público. Además, la tasa nominal de incremento del gasto público corriente primario neto de Nación, provincias y Ciudad no podrá superar la tasa de aumento del índice de precios al consumidor.

En tanto, los gobiernos tomarán las medidas necesarias para que el nivel de endeudamiento de sus jurisdicciones no superen en ningún ejercicio fiscal el 15% de los recursos corrientes netos de transferencias por coparticipación a municipios. También se comprometen a no emitir títulos sustitutos de la moneda nacional de curso legal en todo el territorio del país.

Por otra parte, para el Gobierno nacional y las jurisdicciones que en el año previo presenten ejecuciones presupuestarias con resultado corriente primario deficitario o no cumplan con el punto anterior, la tasa nominal de aumento del gasto público primario neto no podrá superar la tasa de incremento del índice de precios al consumidor.

En cuanto al endeudamiento, quienes superen el 15% de los recursos corrientes netos de transferencias por coparticipación a municipios no podrán acceder a una nueva toma de créditos, excepto que constituya un refinanciamiento de los existentes y en la medida en que tal decisión resulte un mejoramiento de las condiciones pactadas.

El convite de ayer por la tarde en el Senado arrancó con fuertes críticas del puntano Adolfo Rodríguez Saá, quien impugnó el tratamiento del paquete fiscal por no haber girado las iniciativas a la comisión de Coparticipación Federal. El oficialismo y el PJ lograron continuar la sesión -habilitó con tranquilidad y con dos tercios necesarios- y debatió los tres proyectos en conjunto, con votaciones estimadas de cada iniciativa en general y en particular.

Por el oficialismo, la jefa del bloque PRO, Laura Rodríguez Machado, explicó que ayer no se discutía una "reforma total del sistema porque la definitiva será producto de la aplicación de la Ley de Reparación Histórica, que creó una comisión especial" con tiempo hasta 2019 para presentar el texto en cuestión. Para la legisladora cordobesa es necesario "atar la movilidad a índices que todo el mundo acepta como válidos, para que el salario previsional no pierda poder adquisitivo".

Desde el camporismo, María de los Ángeles Sacnun (Santa Fe) advirtió que "la reforma previsional es inconstitucional, vulnera los derechos adquiridos y pretende una aplicación retroactiva de la ley con esta nueva fórmula que se pretende instalar para establecer el reajuste que por derecho le corresponde a los jubilados y modifica el haber inicial al que tienen derecho los trabajadores a la hora de acceder a sus jubilaciones".

Con respecto al consenso fiscal, Sacnun dijo estar de acuerdo "con que los gobernadores dialoguen con el Gobierno nacional", pero remarcó que el acuerdo "incorpora un profundo ajuste sobre las administraciones públicas y un disciplinamiento al empleo público al pretender cerrar a la baja las paritarias de 2018".

Por su parte, el gremialista petroleto Guillermo Pereyra (Movimiento Popular Neuquino), quien también rechazó el proyecto previsional, apuntó al sistema de jubilaciones especiales, donde -según su equipo- los 7.200 beneficiarios cuestan al Estado $737 millones mensuales, y recordó que todavía quedan más de 305.846 jubilados que aún no fueron convocados por el ANSES para acordar su actualización salarial y sus respectivos retroactivos por la Reparación Histórica.