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Senado debate el “per saltum” mirando de cerca a Tribunales
Miguel Pichetto
Definiciones
De ahí que aparecieran algunas definiciones como: «Queremos aclarar que esto no significa ningún factor de presión», según dijo Pichetto en la conferencia de prensa acompañado por el bloque kirchnerista.
Uno de los problemas centrales que la oposición le achaca al proyecto es definir qué actos pueden entenderse como de gravedad institucional como para activar la presentación de un recurso extraordinario pidiendo a la Corte el salto de instancia. Es decir, el abandono del proceso normal respetando la apelación a Cámara para pasar directamente al máximo tribunal.
De ahí que la definición de Pichetto fue clave: «La ley de medios es un tema de gravedad institucional, porque hace a la democratización de los medios y a la búsqueda de la multiplicidad de voces», dijo sobre la graduación de las justificaciones para aplicar el «per saltum» en este caso. «Creemos que sí, aun cuando el per saltum está para regular otras situaciones», dijo, y mencionó el fallo de una jueza nacional que hace 10 días frenó un aborto no punible hasta que intervino la Corte Suprema y habilitó la práctica.
Pero obviamente, el tema seguía siendo la ley de medios: «Esto no tiene nada que ver con la discrecionalidad», dijo Pichetto, junto a Julián Domínguez, Beatriz Rojkés de Alperovich, Marcelo Fuentes, Aníbal Fernández, Diana Conti, Teresa García y Carlos «Cuto» Moreno.
Sin prisa
En realidad, el oficialismo pensaba mantener la discusión en el ámbito de las comisiones sin abrir definiciones públicas sobre el proyecto que regula el «per saltum». De hecho, se afirmó en el Senado que a la ley le espera un debate sin apresuramientos: ya se fijó una reunión de Asuntos Constitucionales para el martes, pero aún no se analiza habilitar una agenda exprés para que el proyecto se convierta en ley cuanto antes.
Así, la reacción del kirchnerismo apareció tras otra conferencia de prensa que dieron el radicalismo, el PRO, el Frente Peronista, la Coalición Cívica y Unión por Todos. Allí presentaron una declaración en la que se sostiene que el proyecto «menoscaba la necesaria independencia de criterio e imparcialidad de los tribunales para la aplicación de las leyes».
Federico Pinedo, Ricardo Gil Lavedra, Alfonso Prat Gay y Eduardo Amadeo le reclamaron entonces al Gobierno que «cese inmediatamente sus ataques al orden constitucional».
Gil Lavedra comparó el proyecto oficial con «una práctica menemista» para «limitar» a la Corte Suprema y recordó que en los 90 el máximo tribunal «lo ha utilizado a su sana discreción, cuando ha querido, en casos muy excepcionales».


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