Siemens: incautan 300 computadoras por los sobornos

La Justicia allanó todas las oficinas locales de Siemens e incautó 300 computadoras, en el marco de la causa por el presunto pago de sobornos a funcionarios argentinos por el contrato de digitalización de los DNI, fimado en 1998.

La Justicia allanó ayer todas las oficinas en la Ciudad de Buenos Aires de la empresa Siemens, con el objetivo de encontrar la auditoría interna que la casa matriz encargó a la empresa Debevoise & Plimpton, y en la que figurarían datos precisos sobre el presunto pago de sobornos de la compañía a funcionarios argentinos por el contrato de digitalización de los DNI, firmado en 1998. La inspección se prolongó a lo largo de todo el día, hasta las 21, y, a pesar de no hallar el informe buscado, sí identificaron varios documentos con referencias a esa investigación que fueron llevados al juzgado.
Concentradas en obtener información general, las autoridades policiales y judiciales incautaron más de 300 computadoras de la empresa, que fueron llevadas a la sede judicial, donde hoy continuará el procedimiento. Los investigadores ya reconocieron ciertos datos que se relacionan con el informe requerido, si bien el juez a cardo de la causa, Ariel Lijo, todavía no pudo revisarlos detenidamente.
La incursión del magistrado en las oficinas de la sede local fue la respuesta a una nota del viernes pasado de Siemens Argentina dirigida al juzgado en la que negaba tener la auditoría. Agregaba que era imposible obtenerla de la casa matriz, debido a que tenía privilegios legales sobre el documento. Existe, además, otro impedimento: al negociar su permanencia en Wall Street y mantenimiento de sus contratos en Estados Unidos con la Securities Exchange Comission y el Departamento de Defensa de es país, la compañía firmó convenios de confidencialidad, a los que está atado el resto de su filiales en el mundo. Estas disposiciones, sin embargo, no corren para la Justicia argentina, de ahí la exigencia del magistrado a la casa local para que presenten el documento.
Por otro lado, según su entorno, el juez está molesto con la empresa, ya que, una vez que asumieron oficialmente en diciembre pasado haber cometido hechos ilícitos en la Argentina hasta 2003, los directivos de Siemens se habían presentando en el juzgado afirmando que iban a colaborar en todo lo posible con la investigación, «y lo primero que se les pide ya no lo cumplen». «En Siemens dicen una cosa y después hacen otra, hacen públicos documentos que no dicen nada y después no se puede tener acceso a la información que fue la base de esos informes», agregaron.
La semana en la que la empresa negó poder aportar la información solicitada coincidió extrañamente con la visita relámpago a Buenos Aires que realizó el director regional de Siemens para toda América desde 2007, Peter Solmssen. Estuvo sólo 24 horas en el país y priorizó, ante todo, un bajísimo perfil, que le permitió reunirse con el ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, y empresarios, sin que ningún medio se enterara. A pesar del escándalo por los supuestos sobornos en la licitación por la digitalización de los DNI y una abrupta suspensión del contrato durante el Gobierno de la Alianza que escaló hasta el CIADI.
La auditoría interna que obsesiona a Lijo es un informe que encargó la propia empresa y que fue presentado como prueba, tanto en las negociaciones con Estados Unidos como en el juicio en Alemania. A partir de esta investigación, la SEC afirmó que «por lo menos, u$s 2,6 millones habrían sido transferidos directamente desde las cuentas de estos consultores hasta el presidente de la Argentina, el ministro del Interior y el director de Migraciones para obtener el contrato.