Siemens: juez busca a alguien que cuente

El juez federal Ariel Lijo tomará en las próximas horas medidas en la causa por el presunto pago de sobornos de la empresa Siemens a funcionarios argentinos por el contrato de digitalización de los DNI, firmado en 1998, y probablemente avance hoy sobre la filial local, en busca de la auditoría interna que la casa matriz encargó a la empresa Debevoise & Plimpton. Éste fue el documento que la empresa presentó ante la Securities Exchange Comission (SEC), para negociar su permanencia en Wall Street, así como conservar sus negocios en Estados Unidos, tras admitir haber realizado 4.283 operaciones ilegales en todo el mundo, a través de coimas que sumaron u$s 1.400 millones.
La investigación encargada por la propia compañía no podría ser utilizada como prueba en el proceso local, pero aportaría -cree Lijo- datos para la reconstrucción de los hechos, con detalles puntuales, nombres y otros elementos que hacen a lo que habría sucedido de manera interna en Siemens. Elementos a los que el juez no tiene acceso de otra manera, ya que ha allanado en dos oportunidades la casa local, sin resultados. En este sentido, Lijo busca que alguien precise las afirmaciones generales de la SEC respecto de la Argentina, que formaron parte de la fundamentación para multar a la multinacional. El magistrado espera encontrar en el documento la verificación de las cuentas a través de las que se habrían pagado los sobornos, y así tener pruebas suficientes para investigar a funcionarios de los gobiernos de Carlos Menem y Eduardo Duhalde implicados de manera lateral en el informe estadounidense y que han negado terminantemente las imputaciones.
Según la SEC, «por lo menos, u$s 2,6 millones habrían sido transferidos directamente desde las cuentas de estos consultores al presidente de la Argentina, al ministro del Interior y al director de Migraciones para obtener el contrato. Durante este período, empleados de Siemens prometieron pagar un adicional de u$s 30 millones o más al presidente y sus ministros». Sobre la base de esa investigación (con la que el grupo colaboró presentando la auditoría interna y asumiendo responsabilidad por los hechos ilícitos), Siemens negoció pagar una multa de u$s 800 millones con el Departamento de Justicia estadounidense, para poder continuar con sus inversiones en ese país y cotizar en Wall Street.
En el juzgado a cargo de la causa afirmaron que, cuando se le pidió el documento a Siemens Argentina, la filial negó tenerlo y lo solicitó a la casa matriz. Pero la filial alemana adujo tener privilegios legales sobre la auditoría para no presentarlo. Para la Justicia argentina, estos privilegios no corren. Además, señalaron que, al ser la casa local parte de una multinacional, las autoridades argentinas responden a las mismas que trabajaron de manera conjunta con la Justicia alemana y la SEC. La situación, sin embargo, es bastante compleja, ya que la firma de convenios de confidencialidad entre la empresa y los funcionarios de EE.UU. fue parte de la negociación para seguir operando en ese territorio.
Por otro lado, no hay que olvidar que ese informe fue un encargo de la propia compañía y, en cuanto tal, habrá sido sometido a revisiones y reajustes por parte de sus directivos. Fue la propia compañía la que empezó a denunciar a sus empleados, una vez que los numerosos casos de sobornos en el exterior tomaron estado público, así como hicieron en todas sus filiales una «limpieza» interna, en la que apartaron a funcionarios de cargos altos que podrían haber participado de estos negociados. Así, el caso en la Argentina dependería de quienes cometieron los hechos y después recolectaron la evidencia.