Skanska resucita: Cameron negó pago de sobreprecios

Daniel Cameron

El secretario de Energía, Daniel Cameron, negó haber cometido irregularidades en la licitación de las obras para la construcción de gasoductos en favor de la empresa Skanska, así como la existencia de delitos en ese proceso al ser indagado ayer por el juez federal Norberto Oyarbide. Cameron, y en su momento Ricardo Jaime, son los únicos funcionarios con rango de secretarios de Estado que fueron indagados en actividad. El secretario de Energía fue imputado como presunto partícipe de los delitos de cohecho y malversación de caudales públicos.

Cameron concurrió ayer a Tribunales y presentó un escrito de 80 carillas en el que detalló su participación en el proceso licitatorio. El funcionario no contestó preguntas y quedó a disposición de Oyarbide y del fiscal Carlos Stornelli para responder por escrito a sus planteos.

Objetivos

La causa investiga si hubo sobreprecios y direccionamiento a favor de Skanska en la licitación para las obras de ampliación de los gasoductos del Norte y del Sur. También intenta determinar si se pagaron coimas. El expediente tiene decenas de procesados, entre ellos el ex director del Enargas Fulvio Madaro y el ex titular de Nación Fideicomisos Néstor Ulloa.

De acuerdo con el sumario a Cameron se le imputa «haber participado, en su carácter de Secretario de Energía, de las irregulares contrataciones instrumentadas al momento de la ejecución del Proyecto de Expansión de Gas 2005 para la realización de las obras» relacionadas con las transportadoras Gas del Norte (TGN) y Gas del Sur (TGS), por las cuales «se habría beneficiado a las empresas Skanska, Techint, Contreras Hermanos, BTU Sociedad Anónima y Norberto Odebretch».

Oyarbide investiga si hubo un posible direccionamiento de las licitaciones y si se acordó el pago de ilegítimos sobreprecios en perjuicio de los fondos constituidos para el financiamiento de las obras. También si hubo coimas para los funcionarios encargados de autorizarlas. Uno de los ejes de la investigación es el carácter privado de las licitaciones.

En su escrito, Cameron contestó que durante todo el proceso no hubo «delito alguno» y que la licitación se llevó a cabo «conforme a la ley». Para eso, detalló las leyes, decretos, resoluciones y disposiciones que dieron origen al llamado a realización de las obras. Y explicó que obras de ingeniería de las características de las ampliaciones de los gasoductos demandan que los llamados a licitación se realicen de manera privada.

Desvinculación

Apenas iniciada la causa judicial, el Gobierno salió a despegarse del escándalo. El ministro de Planificación, Julio De Vido, sostuvo desde el principio que se trató de «un caso de corrupción entre privados» sin participación de los funcionarios. Es que la inversión para las obras tenía origen privado en una parte, y de los propios usuarios del servicio.

Tras la indagatoria a Cameron, el juez Oyarbide tendrá diez días hábiles para resolver su situación procesal. En tanto que la Cámara Federal tiene pendiente expedirse acerca de las apelaciones que presentaron Madaro y Ulloa a sus procesamientos. También resta la finalización de una pericia de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) orientada a establecer si los precios pagados por las obras fueron acordes con los del mercado.

Madaro fue procesado por el juez al entender que fue quien aconsejó a la Secretaría de Energía adjudicar los trabajos a precios superiores a los originalmente pactados, en tanto que Ulloa fue señalado por haber sugerido, supuestamente, acudir a una firma fantasma para obtener facturas apócrifas.