Sólo tres senadores de la UCR advirtieron, en 2012, sobre los riesgos de posicionar a Alejandra Gils Carbó como procuradora general. No fueron ni Ernesto Sanz ni Gerardo Morales, sino la actual vicegobernadora de Mendoza, Laura Montero, el chubutense Mario Cimadevilla y el entrerriano Arturo Vera.
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Montero. "Ella no tiene que esperar que la Justicia venga a ella, sino que ella tiene que promover el accionar de la Justicia (...) En estos temas tan sensibles, como la cuestión de la inflación, respecto de lo cual yo dije que es un tema que realmente nos afecta a todos, tenemos que ver que se nos diga que alguien tiene que vivir con seis pesos por día", manifestó en 2012 quien en la actualidad comanda la vicegobernación de Mendoza.
La entonces senadora dijo en el recinto que no vio en Gils Carbó "una expresión clara en cuanto a promover el accionar de la Justicia" para el caso que había planteado, y resaltó: "Fue un tema en el que ella podría haber puesto este ejemplo, claramente, porque en algún momento llegó a la Corte y fue el procurador general de la Nación quien tuvo que dictaminar acerca de si era constitucional o no un decreto al cual se estaba adhiriendo el INDEC para evitar dar información sobre el sistema estadístico".
Montero también ratificó la idea de un procurador y un Ministerio Público "independientes", temas "en los que el Poder Ejecutivo no quiere dar respuesta alguna y no quiere aclarar absolutamente nada", que fue "justamente sobre estos temas que ella -por Gils Carbó- evitó dar alguna respuesta" durante la audiencia pública.
Cimadevilla. "¿Sabe por qué el fiscal no puede prejuzgar? Porque está para requerir, está para una cosa totalmente distinta de la que está el juez. Incluso, cuando la senadora -peronista disidente Sonia- Escudero le preguntó si iba a instruir a sus fiscales para actuar de oficio en los delitos de corrupción, tampoco contestó. Recién estábamos discutiendo un tema interesante, como es el piso de la coparticipación federal, que va a generar conflictos entre las provincias y la Nación; y ante la pregunta del senador Giustiniani sobre qué opinaba del límite, tampoco contestó. A mí me hubiese gustado saber su opinión, porque mi provincia es una de las que también tiene este problema, como ocurre con San Luis y Santa Fe y como probablemente pase en muchas provincias más", expresó el chubutense.
Por otra parte, Cimadevilla dejó en claro que el "oficio" de la designada "le permitió eludir algunas respuestas". En esa línea, agregó: "Me lleva a una reflexión final que me impide acompañar con mi voto. Por otra parte, cuando ella no se anima a expresar un criterio o emitir una opinión propia sin admitir una intervención ajena, me lleva a sospechar que el sentido de independencia, por lo menos como lo entiendo, no me lo garantiza".