Sustentabilidad: ¿Es necesario legislar sobre arrendamientos y uso del suelo?

 El tema de la "sustentabilidad" de la producción agrícola argentina sugiere al menos dos preguntas: por un lado ¿cómo de severa es la caída de productividad de los suelos? Algunos investigadores reportan que porcentajes significativos de los suelos agrícolas han perdido en forma irreversible potencial productivo. Otros, en cambio, argumentan que las reducciones de productividad han sido disminuidas y que, en todo caso, éstas han sido más que compensadas por mejoras en el management de la producción. Ciertos trabajos, en efecto, estiman que el incremento de productividad (cociente entre producción obtenida y el total de insumos empleados) de la Argentina ha sido en las últimas décadas del orden del 2% y 3% anual, lo cual casi triplica el crecimiento demográfico del país (menos del 1% por año) y duplica el del mundo en su conjunto. Parecería entonces que los ritmos de aumentos de productividad son más que suficientes para compensar los de aumento poblacionales.

Pero además, ¿resulta conveniente restringir por ley el tipo de contratos que oferentes y demandantes de tierra eligen, definiendo, por ejemplo, una duración contractual mínima a la cual el contrato debe atenerse? En forma similar, ¿debe legislarse sobre uso del suelo (por ejemplo, rotaciones, uso de fertilizantes, entre otros)?

Algunos técnicos, funcionarios y políticos opinan que las perspectivas de sustentabilidad mejorarían si el Estado tomara un rol más activo en lo relativo a formas contractuales permitidas, rotaciones y otros aspectos. Se argumenta, por ejemplo, que los arrendamientos cortos (típicamente anuales) llevan a priorizar el corto plazo, no invirtiéndose suficiente en fertilizantes, cultivos que aportan materia orgánica al suelo (típicamente cereales) y otros aspectos. Se argumenta también que convendría forzar a los productores a presentar un plan de producción anual, que sería evaluado en relación con su impacto sobre la productividad futura del recurso suelo. Algo en estas líneas, en efecto, ha sido incorporado en la "Ley de Suelos" de Uruguay.

Las propuestas de restringir el menú de opciones contractuales y de uso de suelo que enfrenta el productor son erradas. Dos razones justifican esta opinión. En primer lugar, siempre es mejor dejar que decida aquel que sufre las consecuencias (buenas o malas) de las decisiones tomadas. Si un dueño de tierra elige un planteo productivo "no sustentable" verá sus ingresos futuros descender. Esta caída de ingresos ocurrirá con independencia del hecho de que la tierra sea trabajada por el mismo o arrendada a un tercero. Internalizar en forma directa "costos" de decisiones erradas es la mejor forma para que las decisiones sean las mejores posibles. Por supuesto, el que internaliza el costo de equivocarse es el dueño de tierra y no el político, el funcionario o inclusive el técnico

Una segunda razón advierte contra trasladar decisiones del productor al funcionario: decidir sobre uso de suelo o arreglos contractuales requiere formular expectativas de precios de productos y rindes futuros, de precios de insumos, de características de los lotes, de la situación financiera de la empresa, etc. Esta información reside en la cabeza del productor no en la computadora del "Zar" que planifica en forma centralizada el uso del suelo. Descentralizar decisiones implica, justamente, aprovechar en forma plena las inteligencias de miles de agricultores que buscan utilizar en forma eficiente -y a lo largo del tiempo- los recursos que tienen a su disposición.

En síntesis: el posible avance legislativo en materia de uso de suelos ofrece pocos beneficios. Implica, sin embargo, importantes costos en términos de menor flexibilidad, mayor litigiosidad y, por supuesto, mayores posibilidades de corrupción, ya que aquellos que tienen el poder de permitir o denegar (los funcionarios) pueden utilizar este poder en forma discrecional para beneficio propio.

(*) Director de la Maestría en Agronegocios, Universidad del CEMA.