Al Brahmi, diputado y coordinador general de Movimiento Popular, fue acribillado por dos hombres en una moto delante de su vivienda en las afueras de la capital y se convirtió en el segundo opositor asesinado en los últimos seis meses.
Como su crimen se produjo en el día que se celebró la creación de la República en Túnez, había pocas dudas de que la fuerzas radicales islámicas estuvieran detrás de este atentado. "El mensaje es claro. Los autores están en contra del Estado y los valores de la República", dijo Chérif Khyari de la coalición de partidos Frente Popular.
Miles de seguidores del político se concentraron en manifestaciones espontáneas en señal de repudio por el ataque. Una gran cantidad de personas, gritando consignas contra el partido gobernante islamista Ennahda y llamando "asesinos" a sus líderes, escoltaron el cuerpo de Brahmi mientras era trasladado en ambulancia desde el hospital al que fue llevado en primer lugar hacia otro sanatorio.
En la céntrica avenida de la capital Habib Burguiba, donde se encuentra la sede del Ministerio de Interior, las fuerzas de seguridad emplearon gas lacrimógeno para dispersar a los manifestantes, que eran más de 1.000, según indicaron medios locales y pedían el fin de la "ley islámica".
La poderosa confederación sindical UGTT de Túnez, que tiene el mayor poder de movilización en el país, llamó a una huelga general para hoy en protesta por el asesinato.
El comunicado de la UGTT, firmado también por la Unión Tunecina para la Industria y el Comercio, el Organismo Nacional de los Abogados y la Organización Tunecina para la Defensa de los Derechos Humanos, asegura que "el asesinato muestra una vez más el fracaso del Gobierno a la hora de garantizar la seguridad e imponer la soberanía de la ley".
El principal partido de la oposición, Nidá Túnez, se unió a la convocatoria sindical e instó "a todas las fuerzas políticas y sociales nacionalistas y democráticas a unir sus filas y su discurso en un frente de salvación nacional que acuerde un modelo, unas herramientas y un calendario alternativos que garanticen la salvación del país y la administración de la etapa de transición".
El presidente del comité político del Partido Republicano, Ahmed Neyi Chebi, fue más lejos y aseguró que el asesinato de Al Brahmi supone "el tiro de gracia al proceso democrático en el país", y pidió la disolución del Gobierno y de la Asamblea Nacional Constituyente.
Tanto el primer ministro, Ali Laridi, del movimiento Al Nahda, como el presidente, Monsef Marzuki, prometieron una rápida actuación de la Justicia para detener a los asesinos y llamaron a los tunecinos a la contención y a la unidad.
En tanto, Estados Unidos condenó el crimen y pidió una investigación "transparente" e "inmediata". "No hay justificación para este tipo de actos intolerables y cobardes en un Túnez democrático", afirmó la vocera adjunta del Departamento de Estado, Marie Harf.
| Agencias EFE, DPA y AFP |
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