Terapia de grupo en la UIA ante temor por efectos de la crisis

La Junta Directiva de la Unión Industrial Argentina (UIA), el órgano más numeroso y deliberativo de la central fabril, tuvo ayer una tumultuosa y prolongada sesión, en la que los empresarios presentes (unos 80) expresaron casi como en una sesión de terapia de grupo sus temores e incertidumbres por los efectos que podría tener la crisis internacional sobre la economía argentina.

En los pasillos del edificio Carlos Pellegrini, los industriales se preguntaban qué hacer con el dinero, si comprar máquinas aprovechando que están muy ofrecidas, quedarse con los dólares o en oro o comprar ladrillos. Hubo respuestas para todos los gustos, pero en general la actitud fue de que «hay que esperar y ver», lo que -obviamente- significa sentarse arriba de los dólares o comprar oro.

Después, José Ignacio de Mendiguren, titular de la UIA, anunció que hoy al mediodía recorrerá Tecnópolis junto a la presidente Cristina de Kirchner. Parte de ese predio -unas 40 hectáreas- le será entregada a la central fabril para que levante allí un centro de exposiciones. El anuncio se oficializará en la fiesta por el Día de la Industria, que se hará en ese predio; hasta ayer los industriales seguían discutiendo la conveniencia de organizarlo al mediodía o a la noche, como si fuera resorte de la UIA determinarlo: todos saben que esa discusión bizantina se saldará a partir de lo que decida la agenda presidencial.

En la sesión, los economistas del CEU (Centro de Estudios de la UIA) trataron de llevar calma a la inquietud de los empresarios con números y datos que no todos «compraron». Explicaron que si bien era inevitable que la crisis se extienda fuera de Estados Unidos y Europa, aparentemente la demanda de soja -la principal exportación argentina- seguiría firme, lo que los pondría a salvo de lo peor de la recesión. En sentido inverso, recordaron que el pico del superávit de la balanza comercial se había producido en 2008, y que desde entonces ese número había decrecido un 35%.

Agregaron que el capítulo más complicado es la relación con Brasil: si bien se valoró la buena relación entre las dos presidentes, también se apuntaron todos los temas pendientes de resolución. Uno de los empresarios quiso saber qué se iba a hacer si el socio del Mercosur insiste en darle una ventaja del 25% en la cotización a las empresas brasileñas en toda licitación que convoque el Estado, lo que dejaría fuera del negocio a las argentinas. «Es como una devaluación del 25% para quienes le venden al Estado brasileño: ellos pueden cotizar 125, y si nosotros ofrecimos 100, ganan ellos», volvió a explicar De Mendiguren; él también habló de las promesas hechas por Brasilia de que la medida estaba pensada «para los chinos, no para nosotros». Por ahora, esa aclaración está sólo en las declaraciones periodísticas, no en un decreto brasileño.

El mismo De Mendiguren fue el encargado de relatar a los presentes la reunión que mantuvo el lunes -junto con otros integrantes del Grupo de los Seis- con el ministro de Justicia, Julio Alak. El tema central fue la posibilidad de que el GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional), el órgano antilavado, aplique sanciones a la Argentina en octubre por no cumplir con los lineamientos fijados por ese organismo en materia de control de flujo de fondos y de posible financiamiento al terrorismo.

Allí el ministro -siguió De Mendiguren- les comunicó que el mes que viene visitarán la Argentina los principales directivos del GAFI, que vendrán a cumplir con una de las inspecciones trimestrales establecidas a fines de julio. En esa oportunidad los empresarios que conforman el Grupo de los Seis -con la previsible ausencia de la Rural- se comprometieron a abogar ante el GAFI para impedir la aplicación de sanciones.

A cambio de eso, Alak habría prometido revisar uno de los aspectos más conflictivos de la legislación antilavado: los «PPR». Se trata de la calificación («personas políticamente responsables») que reciben los directivos de toda sociedad civil, ONG, club deportivo y -claro- entidad que represente a trabajadores y empresarios. Esta calificación -que se extiende a los familiares directos de esos directivos- los pone a todos ellos bajo la lupa de la UIF (Unidad de Investigaciones Financieras), el órgano antilavado local.