Torbellino en Defensa por la aparición de funcionario en lista de espías del Proceso

Se trata del jefe de inteligencia del ministerio, quien admitió tarea pero sólo como dactilógrafo

Nilda Garré

La desclasificación y la difusión de la lista de agentes de Inteligencia civiles y militares que espiaron durante el Proceso militar entre 1976 y 1983 arrojaron sorpresas al Gobierno. Aparece el actual director nacional de Inteligencia Estratégica del Ministerio de Defensa, licenciado Carlos Aníbal Aguilar. El diputado Julio Martínez (UCR, La Rioja), presidente de la Comisión de Defensa de la Cámara baja, impulsó un pedido de informes para que la ministra de Defensa, Nilda Garré, aclare qué funciones desempeñó el espía Aguilar durante el Gobierno de facto y se brinden detalles de su actividad en aquellos años. En los fundamentos del escrito, presentado en coincidencia con el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, el diputado pregunta: ¿cómo se explica la presencia de un supuesto «colaboracionista» de la dictadura en una responsabilidad estratégica, como sería la de producir inteligencia para la defensa nacional? La Comisión de Defensa tomó injerencia en el asunto, ya que aún no se integró la Bicameral de Fiscalización de Organismos de Inteligencia -específica en estos menesteres- por falta de consenso en la elección de sus autoridades.

El cargo de director nacional de Inteligencia Estratégica tiene relevancia, es uno de los tres pilares del Sistema de Inteligencia Nacional previstos en la Ley Nº 25.520 que integran, además, la Secretaría de Inteligencia (ex SIDE) y la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal.

El legislador hizo hincapié en los requisitos que se plantearon a los agentes cuando se sancionó la norma que rige la Inteligencia estatal: perfeccionamiento técnico, eficiencia y adhesión de su personal al sistema democrático. También pide conocer cuál es el presupuesto en gastos reservados que maneja Aguilar y por qué desplazó a militares a sus fuerzas de origen reclutando en su reemplazo a civiles que ahora ocupan esos puestos en la dirección a su cargo.

El nombre Carlos Aníbal Aguilar está incluido en la nómina que firmó el titular de la Fuerza Aérea, brigadier general Normando Costantino, y giró al despacho de la jefa castrense. No es un homónimo, está confirmado que es la misma persona que conduce los destinos de la Inteligencia de Defensa, a pesar de que los datos remitidos al ministerio contenían sólo nombres y apellidos, sin aclaración del DNI. En una declaración ayer al diario Clarín, Aguilar admitió un desempeño, pero limitó su actuación a tareas administrativas como dactilógrafo. «Tenía 20 años», se justificó.

La función de Aguilar durante los gobiernos militares era acopiar e ingresar información en bases de datos del servicio de Inteligencia de los aviadores; más tarde, llegó a desempeñarse como analista. Fue incorporado a la planta permanente de los agentes en el cuadro A, según la vieja denominación del Estatuto para el Personal Civil de los Organismos de Inteligencia de las Fuerzas Armadas. El cuadro A identifica a «personal en funciones o tareas directamente vinculadas al cumplimiento de la misión específica de Inteligencia o contribuyentes a la misma», según el Título II, Capítulo I del estatuto que regula la actividad del espionaje estatal. Haber ingresado a las filas del espionaje militar durante gobiernos de facto no puede considerarse un dato que dé cuenta de la adhesión de Aguilar a las prácticas y los métodos utilizados en la lucha contra la guerrilla. La demonización del aparato militar de esas décadas lanzada desde el propio Gobierno es lo que abre interrogantes incómodos para este funcionario: ¿qué datos pasaron por sus manos?, ¿qué información ingresaba a los archivos?, ¿habrá tomado conocimiento del destino final de algún desaparecido?».

Aguilar está en funciones desde la asunción de Garré, llegó al cargo de la mano de Germán Montenegro, quien ocupó hasta principios de 2010 la Secretaría de Estrategia y Asuntos Militares. Antes de su renuncia, Montenegro firmó y giró a las tres fuerzas dos requerimientos que detonaron la revelación de identidades y la purga de agentes: la lista de quienes actuaron entre 1976 y 1983 y, quizá el pedido más grave, los legajos de todos ellos. Agentes familiarizados con el «affaire» dicen que Montenegro apuró su salida del ministerio, disconforme con el escándalo que se avecinaba.