UIA con Aníbal F. denunció “industria del juicio”

José Ignacio de Mendiguren

Más de lo mismo: promesas sin fecha aproximada de cumplimiento, definiciones que no pasan de lo teórico y -a la salida- muestras de una «conformidad» que en la intimidad se confiesa frustración. Así podría resumirse la reunión que mantuvieron ayer por la mañana cinco dirigentes de la Unión Industrial Argentina (UIA) con el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández.

En lo que debe entenderse casi como una señal, el encuentro se había frustrado dos veces esta semana, y recién se concretó ayer; la agenda que llevaron José Ignacio de Mendiguren, Federico Nicholson, Adrián Kaufmann Brea, Daniel Funes de Rioja y Rodolfo Achille al despacho de Fernández tenía un punto central: la largamente demorada ley de accidentes de trabajo.

De hecho, la reunión fue pedida por la UIA para preguntar si el jefe de los ministros de Cristina de Kirchner había avanzado en la promesa que les había hecho un mes atrás, de enviar «en diez o quince días» el proyecto al Congreso. La respuesta fue desalentadora: una promesa en el mismo sentido, pero esta vez sin siquiera una precisión sobre la fecha de envío. El funcionario aseguró que era voluntad de la Presidente darle estado parlamentario a esta cuestión, y reiteró la frase «va a salir, no tengan dudas».

Lo que se pide desde la industria no es, en realidad, una nueva ley, sino la adecuación de la ley de ART vigente a un fallo de la Corte Suprema que considera inconstitucionales los montos indemnizatorios allí fijados, y de hecho habilita la «doble vía» para el reclamo del trabajador accidentado (cobrar el monto de la escala que prevé la ley, y después recurrir a la Justicia laboral para pedir un importe mayor, que deberá afrontar el empresario).

Funes de Rioja, laboralista miembro de la conducción de la UIA, le explicó nuevamente a Fernández la gravedad de la situación: según el experto, hoy ya hay unos 67.000 juicios por «doble vía» en marcha, por un monto total cercano a los u$s 2.000 millones en su mayoría contra pymes. De esa cifra, entre honorarios, «fees» legales y gastos, la «industria del juicio» se quedará con al menos u$s 600 millones, que obviamente jamás llegarán a los trabajadores, pero que deberán desembolsar los empresarios. «Para muchas pymes del interior, es una sentencia de muerte segura», enfatizó De Mendiguren al ministro.

Obviamente, lo que pide la UIA es un articulado que aumente las indemnizaciones por ley y a la vez que inhabilite la «doble vía», algo a lo que las ART y algún «lobby» de abogados laboralistas se opone. Tampoco Hugo Moyano y sus huestes quieren que se modifique este estado de cosas, y han hecho todo lo posible -usando como ariete a su propio experto laboralista, el diputado Héctor Recalde- para bloquear la iniciativa de la UIA. De hecho, habría un proyecto propio de la CGT, dando vueltas desde hace años por los despachos oficiales.

«¿Cuántos proyectos de ley hay? La verdad: ni idea...», le confesó a este diario un alto dirigente de la UIA que no participó de la reunión de ayer. «A esta altura nos conformaríamos hasta con discutir el de la CGT», admitió.

Quizás tenga oportunidad de hacerlo: otra de las promesas de Fernández fue que convocaría al Consejo Consultivo Permanente (CCP), un órgano que prevé la ley de ART pero que no funciona desde 2000. El CCP está facultado para modificar alícuotas, incorporar nuevas enfermedades profesionales y hasta a aumentar los montos indemnizatorios. En la UIA aseguran que su falta de funcionamiento tiene relación con el hecho de que las ART no lo integran (sólo las empresas, el Gobierno y la CGT).