UIA endurecerá su oposición al avance de los sindicatos

Héctor Méndez

Mañana por la tarde, la Unión Industrial Argentina (UIA) emitirá un comunicado que seguramente reproducirá los durísimos términos del documento que publicó junto con sus pares del Grupo de los Siete (el campo, los servicios y los bancos). Será tras la reunión mensual de su junta directiva, que sesionará con la cuestión del proyecto de distribución de utilidades entre los empleados casi como tema único.

Allí se escucharán las preocupaciones de las pymes del interior, que hasta la semana pasada parecían a salvo de los alcances de la ley, algo que quedó desmentido tras conocerse sus detalles. La junta es el «parlamento» de la UIA, donde están representados las regiones y los sectores. La ley que propugna el diputado por la CGT Héctor Recalde parecía excluir a las empresas de menos de 300 empleados, pero después las incluiría a partir del segundo año de su entrada en vigencia.

El presidente de la central fabril, Héctor Méndez, y el miembro de la «mesa chica» de la UIA y su principal espada en cuestiones laborales, Daniel Funes de Rioja, explicarán a los más de 70 delegados cuáles serán las medidas que adoptarán para tratar de bloquear esta iniciativa.

No parece mucho lo que puedan hacer, sobre todo porque el secretario general de la CGT, Hugo Moyano, se muestra más que decidido a que se avance en su tratamiento parlamentario.

También el Gobierno parece satisfecho con una iniciativa que pone a la oposición en la incómoda postura de tener que optar entre negarse a un otorgar un derecho a los trabajadores -y quedar así como los «malos de la película» frente a amplios sectores de los votantes- o enajenar su vínculo con los empresarios, en pánico por la posibilidad de que la ley termine en una cogestión obrero-empresarial de las compañías.

Sin embargo, el argumento que blandirá la UIA es que hay en el país más de un millón de pymes cuyos dueños votarán en contra de cualquier partido que los obligue a compartir con nadie la propiedad de sus empresas.

Las declaraciones de Recalde durante el fin de semana defendiendo su polémico proyecto de ley, que pide la distribución del 10% de las utilidades de las empresas entre su personal, hicieron poco para calmar los ánimos empresariales. Recalde le dijo al autor de esta nota que la tan temida «cogestión» no será tal. «Habrá un comité tripartito en el que los empresarios tendrán cuatro representantes, lo mismo que los trabajadores y el Estado», y lo comparó con el Consejo del Salario Mínimo, Vital y Móvil; sin embargo, no queda claro cuáles serán las incumbencias de ese comité en el que -de mantenerse la actual correlación de fuerzas en el país- los empresarios estarán condenados a una perenne minoría.

«Obviamente, lo que más nos preocupa es esto de la cogestión encubierta, pero lo que no entiende mucha gente es que esta ley de Recalde es sólo una parte del proyecto de Moyano de quedarse con todo: las utilidades de las empresas, la política, la calle...», le dijo a este diario un alto dirigente empresarial.

Otro dirigente, en este caso de la UIA, aseguró que «lo que dice Recalde sobre el comité tripartito no tiene nada que ver con el Consejo del Salario; ¿qué va a hacer ese comité: estudiar una por una las contabilidades de las empresas y determinar cuál distribuye utilidades entre su personal y cuál no? Es impracticable; nosotros lo vemos más como una maniobra electoral que como una medida a favor de los trabajadores».

El empresario confirmó un adelanto de este diario: la UIA apelará a comparar las legislaciones sobre la materia vigentes en México, Chile y Brasil; en el primer caso, el «bonus» para el personal surge de una parte del Impuesto a las Ganancias (lo paga el Estado); en Brasil, pese a estar incluido en la Constitución (igual que en la Argentina), no está vigente.

«Además de ser grave por la amenaza sobre la propiedad privada, es una iniciativa que, aun sin siquiera tener tratamiento parlamentario, ya está espantando inversiones», dijo otro dirigente. «Y lo que sobra no son precisamente inversiones».

En tanto, esta semana la UIA, la Cámara de Comercio y la AEA (Asociación Empresaria Argentina) deberán atender otro frente: fueron convocadas al Congreso para opinar sobre la reforma de la ley de entidades financieras.