UIF: allanaron cuatro joyerías

Por una solicitud de la Unidad de Información Financiera (UIF), la Justicia penal allanó ayer cuatro joyerías, entre ellas Ricciardi y Paul Baker, por negarse a dar documentación relativa al cumplimiento de las normas antilavado de activos y contra la financiación del terrorismo.

El juez federal Ariel Lijo ordenó ayer el allanamiento, luego de que en septiembre del año pasado el titular de la UIF, José Sbatella, intentó realizar una supervisión in situ. En ese momento, el personal de las joyerías impidió que se concretaran los operativos negándose a exhibir la documentación solicitada.

El artículo 21 de la Ley 25.246 (que es la norma principal del sistema antilavado de la Argentina) establece que las joyerías, por ser sujetos obligados a aplicar procedimientos antilavado de activos y contra la financiación del terrorismo, deben recabar de sus clientes documentos que prueben su identidad y comunicar a la UIF las transacciones que presenten indicios de delitos como fuente del dinero o los bienes que involucran.

Ante la negativa de septiembre, se elevaron los datos a la Justicia, y ayer el juez Lijo ordenó los allanamientos para secuestrar toda la información pertinente. El operativo se llevó a cabo con personal de Gendarmería y de la UIF, que secuestraron documentos en soporte digital, en papel, y equipos informáticos. Ahora, ya en la Justicia penal, se realizará el peritaje y el análisis de la documentación recabada. El allanamiento podría terminar con hallar que no cumplen con la normativa acerca de lavado de dinero y financiación del terrorismo, u otras normas penales.

Las joyerías allanadas fueron Paul Baker y Ricciardi en Recoleta; la joyería El Lingote, de Rosario, y el domicilio particular del joyero Juan Carlos Álvarez, vinculado a los tres establecimientos. Sbatella señaló que este tipo de comercios «constituyen uno de los sectores más vulnerables a ser utilizado para los fines del lavado de activos». Agregó que «en la última década, se ha dado una creciente importancia a nivel internacional, en relación con el delito de lavado, lo cual obedece al gran impacto que éste imprime a los sistemas económicos y políticos».