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Un país agobiado por divisiones ideológicas
Las decenas de miles de ciudadanos que otra vez marcharon bailando y cantando por la capital, asolada por un millar de protestas este año, no lograron paralizar al país, pero ratificaron su fuerza que ya derrumbó a un 25% el apoyo al Gobierno, un mínimo histórico.
La violencia callejera y verbal, que derivó en unos 500 detenidos sólo el miércoles, comenzó a inquietar a algunos políticos, líderes sociales y empresarios, en un país habituado a los consensos desde el fin de la dictadura de Augusto Pinochet, que dejó 3.000 muertos y desaparecidos.
«Las manifestaciones violentas que se han producido son preocupantes. Este país lo hemos construido entre todos y debemos tratar de respetarnos en las diferencias», pidió el empresario Eliodoro Matte, uno de los hombres más ricos e influyentes de Chile.
La búsqueda del consenso, un objetivo resistido por algunos sectores, parece imposible por varios factores, entre ellos las antagónicas posiciones ideológicas en disputa y el amplio rechazo ciudadano a las élites políticas, según encuestas de todo signo.
Este último factor restringe en especial la capacidad de maniobra de la oposición de centroizquierda, que desea acercarse al movimiento social, de cara a los comicios municipales de 2012 y presidenciales de 2013, con la expresidenta Michelle Bachelet como principal carta.
«Nuestra labor es estar al lado de los movimientos sociales», dijo sin ambages el presidente de la Democracia Cristiana, el senador Ignacio Walker, como vocero del bloque opositor.
El movimiento social, liderado por universitarios y escolares de izquierda, exige un plebiscito para zanjar las diferencias con el Gobierno de derecha de Sebastián Piñera.
En el Ejecutivo y el oficialismo, donde algunos creen que las elecciones presidenciales de 2013 están perdidas, existe una histórica división entre conservadores y liberales que cruza desde lo valorativo hasta lo económico y lo político.
Una de las expresiones moderadas es la del vocero del Gobierno, el ministro Andrés Chadwick. «Hay que poner paños fríos», dijo a la prensa internacional.
Sin embargo, en paralelo, el ministro de Salud, Jaime Mañalich, motejó de «asesinos» a los padres de niños en huelga de hambre y el presidente de Renovación Nacional, el senador Carlos Larraín, calificó de «inútiles y subversivos» a los manifestantes y parlamentarios opositores.
El cuadro, azuzado por el anuncio de movilizaciones hasta mediados de septiembre, convenció a diversas fuerzas de la necesidad de reformas políticas.
La idea es zanjar los conflictos en las elecciones, como propuso el ministro de Obras Públicas, Laurence Golborne, principal carta del oficialismo para los comicios de 2013.
No obstante, esta salida, que implica alargar la solución a la crisis, se topa hoy con el hecho de que el 95% de los menores de 30 años no están inscriptos en los registros electorales y no pueden votar. Es decir, unos cuatro millones de electores, más que todos los que votaron por Piñera en 2010.
Gobierno y oposición avanzaron ya en acordar que se permita el voto de los cientos de miles de chilenos residentes en el exterior y hacer automático el derecho a voto, incorporando así a los cuatro millones de jóvenes hoy excluidos.
No obstante, no hay señales de consenso para permitir los plebiscitos y modificar el sistema electoral que impide la representación proporcional.
Los jóvenes, movilizados desde hace tres meses miran desde la calle el debate y advierten a los líderes políticos. «Queremos formar un sujeto político», dijo hace meses la líder universitaria Camila Vallejo.
Agencia DPA
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