Una acusación que no registra precedentes

Dilma Rousseff debe responder por cuatro supuestos "delitos de responsabilidad" que pueden llevar a su destitución, según se establece en la Constitución brasileña. Los cargos no suponen delitos penales sino administrativos y están tipificados en leyes que regulan el uso del dinero público.

La mandataria, suspendida desde el 12 de mayo, es acusada de haber firmado tres decretos que modificaron el presupuesto sin autorización del Congreso, lo que permitió a su Gobierno tomar créditos de la banca pública.

Ambas operaciones están tipificadas como "infracciones" en la Ley de Responsabilidad Fiscal de 2000, que reglamenta los artículos de la Constitución referidos al presupuesto y que establece como pena la remoción y pérdida de derechos políticos por ocho años.

La acusación sostiene que los decretos ampliaron el límite de gasto autorizado previamente por el Congreso para 2015 en 1.750 millones de reales (530 millones de dólares), lo cual aumentó el déficit 1,5 punto.

La defensa alega que esos decretos no necesitaban aval parlamentario, ya que se referían a ingresos no contemplados en el presupuesto y que habían sido reservados por el Estado.

En el caso de los créditos, la acusación se refiere a reiterados atrasos del Gobierno en los depósitos que debía hacer en el estatal Banco do Brasil para costear diversos programas agrícolas y opciones de financiación en condiciones preferenciales para ese sector.

El Banco do Brasil era usado como agente de pagos, pero por las demoras del Gobierno en cubrir ese gasto, la institución se vio en la necesidad de cubrir esas obligaciones con recursos propios.

Según la acusación, esas demoras generaron elevados intereses, que debió cancelar el Gobierno, y de ese modo acabaron configurando créditos con el Banco do Brasil, con lo cual también se habría violado la Ley de Responsabilidad Fiscal, que veta esas operaciones.

En este caso, la defensa sostiene que en todos los gobiernos que antecedieron a Rousseff se registraron atrasos similares y nunca han llegado a ser considerados como créditos.

También alega que la mandataria no tuvo participación directa en esas operaciones, que fueron decididas por los ministerios de Hacienda y de Planificación.

La acusación ha aceptado ese último punto, pero afirma que aun así Rousseff incurrió en una grave "omisión" que, según la Ley de Responsabilidad Fiscal, también amerita una condena.