Sorpresivamente y a través de un mensaje presidencial, Bachelet anunció en la noche del martes que en septiembre próximo pondrá en marcha una serie de diálogos y consultas que deberán desembocar en la nueva carta fundamental "plenamente democrática y ciudadana".
Si bien la propuesta estaba en su programa de Gobierno, había dudas acerca de que si en medio de un complejo programa de reformas sociales que lleva adelante y los escándalos de corrupción, Bachelet tendría espacio para animar esta reforma, transcurridos 25 años desde el fin del régimen militar.
Bachelet incluyó el anuncio dentro de un esperado paquete de medidas anticorrupción con el que busca afrontar los escándalos derivados del millonario negocio inmobiliario que concretó su hijo mayor, Sebastián Dávalos, y los de financiamiento ilegal de campañas políticas que involucran a dos de los más importantes grupos económicos del país, el grupo Penta y la minera Soquimich.
"La presidenta está jugando tempranamente su última carta", dijo el cientista político de la Universidad Diego Portales, Mauricio Morales.
Según Morales, se trata de una "decisión estratégica para cambiar el eje en la agenda de los medios de comunicación al trasladar el debate desde la transparencia hacia el proceso constituyente".
"Hay que tener mucha personalidad y decisión para impulsar una reforma de este tipo en medio de una crisis de confianza y con sólo el 30% de aprobación ciudadana. La apuesta es extremadamente riesgosa, pero el Gobierno ya no tiene nada más que perder", agregó.
Aprobada en un cuestionado plebiscito, la Constitución de Pinochet ha sufrido algunas modificaciones en estos 25 años de democracia, pero hasta ahora no se había planteado ninguna iniciativa para erradicarla completamente.
"El momento era para hablar de medidas anticorrupción", criticó por su parte el analista Patricio Navia, afirmando que Bachelet "dinamitó el paquete de medidas al introducir el debate constitucional.
Pero Bachelet dijo ayer, miércoles, que "no hay más tiempo que perder", al etiquetar como urgentes los primeros proyectos de ley anticorrupción.
En su mensaje público, tomó también las riendas del asunto familiar y dentro de las medidas anticorrupción anunciadas propuso una serie de iniciativas que buscan evitar el tipo de negocios de especulación inmobiliaria que concretó su hijo. El escándalo derrumbó la popularidad de Bachelet al mínimo de sus dos períodos presidenciales (30%) y la llevó incluso a tener que descartar públicamente rumores de una eventual renuncia al cargo.
Bachelet anunció el fin del aporte de las empresas a la política, pues será el Estado el que financie los partidos políticos, en tanto éstos deberán someterse a controles más estrictos. Los políticos que cometan delitos también perderán sus escaños.
| Agencia AFP |
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