2 de octubre 2017 - 22:17

Unión K-massista para delegar $20.000 M a piqueteros “sociales”

• DIPUTADOS TRATA PROYECTO PARA TRASLADAR RECURSOS PARA VIVIENDAS
Se impondrán alternativas dominiales y se respetará el “ancestral modelo de Propiedad Comunitaria” de pueblos originarios.

Edgardo Depetri y Facundo Moyano.
Edgardo Depetri y Facundo Moyano.
Según las Naciones Unidas, el Día Mundial del Hábitat se celebró por primera vez en 1986 con el tema "La vivienda es mi derecho", y Nairobi fue la ciudad anfitriona para la celebración de ese "evento". Bajo la conmemoración de la fecha en cuestión, diputados ultra K y el massista Facundo Moyano empujarán en comisiones un proyecto para sancionar la "Ley Nacional de Producción Social Autogestionaria de Hábitat Popular" (PSAHP), que consiste en delegar hasta $20.000 millones a organizaciones sociales, movimientos populares y piqueteros para construir viviendas.

Los destinatarios serán "hogares sin vivienda o situación habitacional crítica, consciente y verificablemente integradas a Organizaciones Sociales Autogestionarias constituidas formalmente en personas jurídicas (cooperativas, mutuales o asociaciones civiles)", y se impondrán "alternativas dominiales" de "Propiedad Colectiva o la Propiedad Individual; respetando y reconociendo para las Comunidades de Pueblos Originarios su ancestral modelo de Propiedad Comunitaria".

También se creará un "Banco de Inmuebles para la PSAHP". Los elementos principales de esta estructura estarán determinados por la "priorización del Patrimonio Estatal de Bienes Inmuebles -nacional, provincial y municipal-"; la "recuperación de los Bienes Inmuebles ociosos Privados y Estatales", de "aquellos Bienes Inmuebles -suelo o edificios- originalmente comprados para proyectos de hábitat popular no ejecutados, redestinándolos a dicho objetivo original", y de "Bienes Inmuebles Ocupados"; "herencias vacantes" y la "adquisición de Bienes Inmuebles a través de procesos de expropiación o de compra", entre otras opciones.

El Fondo de PSAHP deberá "sustentarse e implementarse en función del principio de Progresividad Tributaria" y se "abrirá una Cuenta Única en el Banco de la Nación Argentina, cuyos activos serán inembargables". Los recursos en cuestión "estarán asignados al Presupuesto Nacional provenientes de porcentuales" a afectar sobre transacciones inmobiliarias, Bienes Personales, Ganancias e IVA, aunque se sumarán otros gravámenes en distritos que adhieran a la ley marco.

La iniciativa del diputado ultra K Edgardo Depetri y del massista Facundo Moyano también crea la "Escuela Nacional de PSAHP", integrada por el órgano de aplicación -autárquico-; la universidad nacional, a través de las "facultades de las que emergen las disciplinas intervinientes en los procesos de PSAHP -áreas de arquitectura, social, legal y contable-"; y las organizaciones sociales, con prioridad en las de segundo grado.

Esa "escuela" encadenará "su funcionamiento y contenidos con la SELVIHP (Secretaria Latinoamericana de la Vivienda y el Hábitat Popular) y, con mayor especificidad, con su Escuela de Autogestión", por lo que se "impulsará el reconocimiento y la creación en las Universidades Públicas -nacionales o provinciales- de materias, áreas de investigación científica o Institutos dedicados al estudio de cuestiones relativas a la PSAHP", como así también "orientaciones pedagógicas inherentes en el nivel secundario y en tecnicaturas".

En los argumentos del proyecto, los legisladores que responden a Cristina de Kirchner y al serpenteante líder del Frente Renovador, Sergio Massa, señalan que "sin dudas, el antecedente emblemático -por sus características cuanti y cualitativas- fue el desarrollado en el marco del Programa de Autogestión de la Vivienda impulsado por la Ley 341 del año 2.000 en la Ciudad de Buenos Aires", y destacan: "Más allá de los límites y limitantes que encontró la ejecución de este programa a lo largo de los años, demostró ser una herramienta eficaz para la resolución del problema habitacional de los sectores más vulnerables de la ciudad por un lado, y por el otro, expuso la capacidad operativa del campo popular en la producción de su propio hábitat. De los 110 terrenos comprados mediante esta norma, en la actualidad más de 30 cooperativas finalizaron sus obras involucrando a más de 1.000 familias".

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