UOCRA tomó el yacimiento de Vale

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Mendoza - Trabajadores vinculados al suspendido proyecto minero Potasio Río Colorado bloquean el ingreso al yacimiento en Malargüe, al sur de la provincia, mientras preparan una presentación judicial. El fin que persiguen es impedir que la empresa brasileña Vale desmantele las instalaciones. Como primera medida, los exoperarios afiliados al gremio UOCRA decidieron bloquear el acceso a la planta, y así ganar tiempo y preparar una acción de no innovar que será presentada hoy -a más tardar, entre mañana y el viernes- ante la Justicia Federal de Mendoza. Si la medida es aceptada, el Poder Judicial se sumará a la solicitud del Ejecutivo nacional -que ya dictó la conciliación obligatoria- para que la compañía no desarme la planta y mantenga dentro del marco de las leyes laborales los empleos activos.

Tras la suspensión del ambicioso proyecto, aún no se define cómo será la salida de Vale del país, tampoco si las empresas contratistas tienen que congelar despidos y seguir abonando salarios. "Nosotros, como organización sindical, lo que quisiéramos es conservar esa gente que está trabajando; eso está en manos de los gobiernos nacional y provincial. Pero no tenemos respuesta", apuntó el delegado malargüino de la UOCRA, José Luis Lemos, y agregó que en el acceso a la planta "nos vamos a quedar lo que sea necesario; como dirigentes estamos tratando de defender a los compañeros".

En paralelo, desde Cartellone-Distrocuyo, que prestaba servicios a Vale, sostuvieron que hay "dudas legales" sobre la retroactividad de la conciliación. El grupo, que cuenta con unos 254 jornalizados, en el momento del dictado de la medida había despachado unos 100 telegramas de cese de la relación laboral.

Al respecto, el gobernador Francisco Pérez dijo que las empresas que no cumplan sus compromisos podrían no ser proveedoras del Estado durante 10 años. "La conciliación obligatoria se dictó a Vale y a 54 empresas contratistas en primera instancia. Acercamos al Ministerio de Trabajo otras tantas subcontratistas, estamos hablando ya de 78 empresas notificadas. Me he comunicado con algunos legisladores nacionales para que presenten un proyecto, en la misma línea que la provincia, de que todas aquellas contratistas que no acaten la conciliación obligatoria no podrán ser proveedoras del Estado por los próximos 10 años", expresó el mandatario.

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