Uruguay: Senado aprobó derogar amnistía

Montevideo - Tras un áspero debate con ribetes dramáticos, la Cámara de Senadores uruguaya aprobó al cierre de esta edición un proyecto que deja sin efecto la ley de amnistía que evitó juicios por violaciones de derechos humanos bajo la última dictadura (1973-1985), una norma ratificada en dos plebiscitos en los últimos 21 años pero considerada por la Corte Interamericana de DD.HH. violatoria de tratados internacionales. A fuerza de licencias, renuncias y una dura pulseada en sus propias filas, el Frente Amplio impuso su mayoría para aprobar con modificaciones una ley por 16 votos contra 15, por lo que el proyecto ahora pasará a Diputados, donde la sanción está asegurada.

«Esta Cámara tiene la posibilidad de empezar a enmendar el error político de haber dictado una ley que ampara la impunidad a criminales de lesa humanidad, removiendo la mochila que pesa sobre la sociedad uruguaya», dijo el senador del oficialismo Oscar López Goldaracena.

El FA llamó a votar la anulación de la Ley de Caducidad por disciplina partidaria, lo que provocó ayer la renuncia durante el debate de uno de sus senadores.

El legislador Eleuterio Fernández Huidobro, exguerrillero tupamaro, anunció su apoyo por disciplina y su inmediata renuncia, tras lo cual fue visitado anoche por el presidente José Mujica, en un acto simbólico que ratifica la sintonía del mandatario con la postura de su excamarada.

Sólo uno de los senadores oficialistas, Jorge Saravia, anunció su oposición a la norma, argumentando -al igual que la oposición- que anular esa ley implica un disparate jurídico y una timba jurídica» por ignorar la voluntad de la ciudadanía, que en dos oportunidades ratificó la norma. Otro senador frenteamplista disidente, Rodolfo Nin Novoa, pidió una efímera licencia.

Los partidos Nacional (Blanco) y Colorado, que en 1986 impulsaron la norma, decidieron rechazar la anulación, junto con el Partido Independiente. En 1989, en un primer referendo sobre la denominada Ley de Caducidad, el 56% de los votantes se pronunció a favor de mantener su vigencia. Veinte años más tarde, en octubre de 2009, una nueva iniciativa para anular la norma recibió una adhesión del 47%, cuando necesitaba más del 50% para su aprobación.

Pese a que se declaró partidario de «mirar hacia adelante», Mujica admitió que el país debe ajustar su legislación a las normas internacionales. De hecho, en marzo la Corte Interamericana de DD.HH. ordenó a Uruguay investigar y sancionar las desapariciones forzadas, estimando que la cuestionada ley «carece de efectos jurídicos» y contradice tratados internacionales suscriptos por el país.

La Ley de Caducidad obliga a los jueces a consultar al Poder Ejecutivo qué casos de violaciones de los derechos humanos pueden ser juzgados. Durante la dictadura uruguaya desaparecieron casi 200 opositores, en su mayoría en la Argentina.

Agencias AFP, EFE y DPA, y Ámbito Financiero