Uruguay: trompadas en el Congreso por la eutanasia

 Montevideo - En una caldeada sesión, que incluyó escenas de pugilato entre legisladores, el Congreso uruguayo aprobó una ley que reconoce el derecho de los enfermos en estado terminal a oponerse a la aplicación de procedimientos médicos destinados a prolongar su vida. Los críticos de la norma, duramente cuestionada por organizaciones que se definen como defensoras de la vida, argumentan que abre la vía a la aplicación de la eutanasia en el país.
La Ley de testamento vital, que puso fin a ocho años de discusión parlamentaria, otorga a los enfermos o a sus familiares -en caso de que aquellos no puedan expresarse- la capacidad de decidir si se pone fin al suministro de medicamentos o al funcionamiento de los aparatos que mantienen con vida a su ser querido.
La Cámara de Diputados aprobó en la noche del martes la iniciativa en un debate de varias horas, durante el cual se trenzaron a golpes los diputados Sergio Botana, del Partido Nacional (Blanco), y Alvaro Vega, del oficialista Frente Amplio, quienes debieron ser separados por sus colegas en medio de un gran escándalo.
La iniciativa obtuvo la aprobación con votos de los legisladores del Frente Amplio y del opositor Partido Colorado, mientras fue rechazada por el Partido Nacional y por el Independiente, cuyos representantes alegaron que el proyecto sufrió cambios en el Senado que «desvirtuaron» la propuesta inicial elaborada por Washington Abdala (Colorado) y José Luis Gallo (Frente Amplio).
«Acá la persona se está muriendo y lo que se propone es que pueda transitar sin dolor y sin encarnizamiento terapéutico», afirmó el diputado Abdala, quien aclaró que la ley «no tiene nada que ver con la eutanasia».
«Las personas deben poder decidir si quieren convertirse en polvo antes de convertirse en un vegetal», añadió, por su parte, el frentista Vega.
La norma aprobada por el Parlamento, de once artículos, establece que «toda persona mayor de edad y psíquicamente apta, en forma voluntaria, consciente y libre, tiene derecho a oponerse a la aplicación de tratamientos y procedimientos médicos salvo que con ello afecte o pueda afectar la salud de terceros». Asimismo, señala que las personas «tienen derecho de expresar anticipadamente su voluntad en el sentido de oponerse a la futura aplicación de tratamientos y procedimientos médicos que prolonguen la vida en detrimento de la calidad de la misma, si se encontrare enferma de una patología terminal, incurable e irreversible».
Casos
En caso de que el enfermo se encuentre inconsciente y no haya establecido cómo quiere ser tratado en el último tramo de su vida, la ley fija que «la suspensión de tratamientos o procedimientos será una decisión del cónyuge o concubino, o, en su defecto, de los familiares en primer grado de consanguinidad».
En todos los casos el médico deberá comunicar la decisión a la comisión de bioética de la institución de salud en la que se tomó la decisión, y si en un plazo de 48 horas esa instancia no se pronuncia, se considerará tácitamente aprobada la suspensión del tratamiento.
En síntesis, la norma considera «el derecho que tiene un individuo de oponerse -llegado el momento y si tuviere una patología que fuera incurable e irreversible y cursara la fase terminal- a la realización de un nuevo tratamiento o nuevas instancias», dijo el médico y diputado Miguel Asqueta, de la comisión de Salud. «Esa es la base del proyecto, que no habla de suspender ningún tratamiento instituido o medidas paliativas o de sostén», aclaró.
En rechazo a la ley, el vocero de la Mesa Coordinadora Nacional Provida, Néstor Martínez, afirmó que la iniciativa «legaliza la eutanasia» y consideró que el principal «problema» de la norma es que «la voluntad de decidir sobre la vida del paciente recaiga en manos de un tercero».
Martínez cuestionó además la «voluntad anticipada», que consideró «un cheque en blanco que el paciente firma al médico y a la institución médica sobre su vida».
El país vivió hacia fines del año pasado una intensa polémica después de que el Congreso hubo aprobado una ley de despenalización del aborto, una iniciativa del izquierdista Frente Amplio que terminó siendo vetada por el Presidente y líder de la agrupación, Tabaré Vázquez, oncólogo de profesión.
Agencias ANSA, Reuters, EFE