Vuelve el Congreso para revisar los DNU de Cristina

En medio de las vacaciones de verano, siempre sagradas para senadores y diputados, la presidenta de la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo, la mendocina María Cristina Perceval, encargada de controlar y aprobar los decretos de necesidad y urgencia que emite la presidente de la Nación, decidió convocar a una reunión de ese cuerpo para comenzar a analizar algunos de los pocos decretos que se firmaron el año pasado.
Es sabida la resistencia que tuvo Cristina de Kirchner a firmar ese tipo de decretos, de los que hicieron uso y abuso otros mandatarios como Carlos Menem, Fernando de la Rúa, Eduardo Duhalde y el propio Néstor Kirchner, que rompió todos los récords. Pero la Presidente finalmente tuvo que utilizarlos para, entre otros temas, reasignar vía DNU fondos del Presupuesto Nacional por unos $ 36.000 millones. Desde ese momento, varios fueron los decretos de necesidad y urgencia que pasaron por la lapicera presidencial y que deberán ser ratificados por el Congreso, tal como establece la reglamentación que la propia Cristina de Kirchner hizo votar y que ya se aplicó para convalidar todos los DNU que firmó su esposo. La reunión de la comisión, que abrirá la temporada en el Senado, fue convocada por Perceval para el viernes a las 12 para analizar tres decretos y un mensaje sobre la observación y promulgación de una ley que el Congreso sancionó en diciembre. La Bicameral analizará en primer término el DNU 2.314/08, que fijó una asignación no remunerativa única de $ 200 pesos para todos los trabajadores del sector público y privado, cuyos haberes mensuales netos no excedan los $ 1.240 pesos.
Analizarán también el DNU 2.315/08 que creó los programas Trigo Plus y Maíz Plus, destinados a la siembra, la cosecha y la comercialización con la intención de incentivar el aumento de su producción y el 10/09 que fija en $ 2.400 la remuneración bruta mensual para destinar el 15% de los aportes y contribuciones de trabajadores y empleadores que se efectúen en los términos de la Ley de Obras Sociales, con destino al Fondo Solidario de Redistribución.