El Ministerio de Justicia creó la "Comisión para la Modernización y Actualización del Código Procesal Penal Federal", un ámbito de trabajo que tendrá como misión elaborar un anteproyecto de reforma del actual régimen procesal penal y proponer modificaciones a partir de un proceso de consulta y deliberación técnica. La medida fue oficializada este jueves mediante la Resolución 276/2026 publicada en el Boletín Oficial.
La nueva comisión reemplaza a la creada en marzo de este año bajo la denominación de "Comisión para la Reforma del Código Procesal Penal Federal", cuya creación quedó sin efecto por decisión de la cartera que conduce Juan Bautista Mahiques.
En los fundamentos de la resolución, el Ministerio sostuvo que la implementación progresiva del Código Procesal Penal Federal en distintas jurisdicciones permitió acumular experiencia práctica sobre su funcionamiento y detectar aspectos que requieren actualización. También señaló que las nuevas modalidades delictivas vinculadas a la criminalidad organizada, los delitos económicos complejos, la ciberdelincuencia, la cooperación internacional y el uso de evidencia digital exigen respuestas procesales adecuadas.
La resolución destaca además que la protección de los derechos de las víctimas, el fortalecimiento de las garantías constitucionales de los acusados, la rapidez en la resolución de los conflictos penales y la optimización de los recursos institucionales constituyen objetivos permanentes de la política criminal del Estado.
La comisión estará presidida por el Ministerio de Justicia e integrada por representantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el Consejo de la Magistratura de la Nación, la Cámara Federal de Casación Penal, la Procuración General de la Nación, la Defensoría General de la Nación, la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional y la Asociación de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público Fiscal de la Nación.
Como representante titular del Ministerio fue designado el subsecretario de Política Criminal, Emiliano Pedro Méndez Ortiz, mientras que también se nombró a las autoridades de la Secretaría General que coordinará el funcionamiento del organismo.
Según la reglamentación aprobada como anexo de la resolución, la comisión tendrá un plazo máximo de 45 días corridos desde su primera reunión formal para elaborar el anteproyecto de reforma.
El esquema de trabajo prevé reuniones temáticas para analizar el funcionamiento del código, evaluar la experiencia acumulada durante su implementación y debatir propuestas de modificación normativa. También podrán ser convocados especialistas, académicos, representantes de organismos públicos y miembros de organizaciones de la sociedad civil para aportar opiniones técnicas.
Entre los lineamientos establecidos para la elaboración del anteproyecto figuran la consolidación del sistema acusatorio, el fortalecimiento de las garantías constitucionales, la optimización de los mecanismos de investigación y juzgamiento de delitos complejos, la incorporación de herramientas vinculadas con la evidencia digital y las nuevas tecnologías, y la simplificación de procedimientos.
La resolución establece que tanto los integrantes de la comisión como los miembros de la Secretaría General desempeñarán sus funciones ad honorem, sin percibir remuneraciones adicionales por esa tarea.