Daniel González aseguró que el esquema de subsidios y contratos del Plan Gas “ya no se necesita más” y adelantó que las empresas productoras y generadoras comenzarán a desvincularse de manera progresiva. En paralelo, se conocieron detalles del proyecto AMBA I, cuya licitación se lanzará pronto.
El Gobierno licitará la obra de alta tensión AMBA I.
El Gobierno nacional volvió a plantear su intención de avanzar en una mayor desregulación del mercado energético y anticipó que el Plan Gas, que se sancionó en 2020 y que al principio iba a tener una duración de cuatro años pero que se extendió formalmente hasta 2028, podría comenzar a quedar atrás gradualmente el año que viene en medio del crecimiento de Vaca Muerta y de una mayor participación privada en infraestructura y generación.
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Durante una exposición sobre energía y minería durante un evento de Moody's, Daniel González, secretario de coordinación del área en el Ministerio de Economía, aseguró que la Argentina atraviesa un cambio estructural impulsado por las exportaciones de hidrocarburos y minería. En ese contexto, remarcó que las inversiones del sector continuarán siendo financiadas mayormente por capital privado y defendieron el retiro progresivo del Estado de la obra pública energética.
“La exportación y la entrada de capitales para financiar esta inversión es fenomenal en los próximos años y ya está sucediendo hoy. Hay un cambio estructural que no hay forma de pararlo”, señaló.
Uno de los principales focos estuvo puesto en el futuro del Plan Gas, el esquema implementado para garantizar producción e incentivar inversiones en gas natural mediante contratos y precios asegurados. Vale recordar que el Plan Gas nació en el gobierno de Alberto Fernández, en un contexto donde la producción local venía cayendo y Argentina necesitaba importar grandes volúmenes a precios más altos. Este esquema garantizaba a las empresas productoras un volumen de compra asegurado de gas, contratos de largo plazo y un precio mínimo subsidiado.
Desde el Gobierno reconocieron que el programa fue clave en otro contexto energético, pero consideraron que hoy el desarrollo de Vaca Muerta permite pensar en un cambio de esquema. “Nuestra idea es que el Plan Gas se termine. En 2020 se necesitaba, ahora no se necesita más. El gas en Vaca Muerta es eficiente en su desarrollo”, afirmaron.
Actualmente, buena parte de la producción de gas se encuentra comprometida bajo contratos del Plan Gas, algo que —según explicaron— limita el funcionamiento pleno del mercado spot eléctrico. “Gas hay, pero prácticamente todo el gas está contratado por el Plan Gas y entonces el generador no tiene gas disponible por la existencia del programa”, explicaron.
Pese a ello, aclararon que el Gobierno respetará los contratos vigentes y que la salida del esquema será gradual. “Productores y generadores van a empezar a salir voluntariamente del Plan Gas porque comenzarán a contratar a largo plazo. Gradualmente va a ir sucediendo solo", señaló González.
El gobierno avanzó en varios puntos respecto a la desregulación del mercado eléctrico. Uno de ellos fue cambiar el funcionamiento del mercado mayorista, administrado por CAMMESA. Históricamente el sistema tenía una fuerte presencia estatal con subsidios a la generación. Entre los cambios, se buscó expandir un mercado "spot" eléctrico. El Gobierno empezó a habilitar que grandes usuarios, generadores y comercializadores puedan pactar contratos directamente entre privados y con señales de precios más cercanas al mercado.
En paralelo, desde el oficialismo reconocieron que el proceso de desregulación eléctrica resultó “más complejo” de lo esperado, aunque defendieron los avances realizados durante el último año. “El año pasado hubo una desregulación importante en el sector eléctrico”, señalaron, al destacar la puesta en marcha de un mercado spot que “no existía” y que, según afirmaron, funcionó correctamente durante el verano y también durante el invierno.
A su vez, González agregó que la generación renovable continuará creciendo por cuestiones de eficiencia y costos. “Las renovables crecieron una barbaridad y van a seguir creciendo porque son eficientes y económicas”, señalaron.
Otro de los ejes del discurso oficial estuvo centrado en la infraestructura energética y el rol del sector privado. Según explicó, el Gobierno buscará que las nuevas ampliaciones de transporte y generación sean financiadas por compañías privadas. Al mismo tiempo, agregó que el objetivo del oficialismo es pasar de un esquema donde el Estado construía infraestructura energética a otro donde el sector privado lidere las inversiones. Ese criterio aparece en proyectos de gasoductos, transporte eléctrico y obras de infraestructura energética.
En ese sentido, mencionó como ejemplo la ampliación de Transportadora de Gas del Sur vinculada al gasoducto Perito Moreno y compararon costos con proyectos privados impulsados por Pan American Energy. “El gasoducto del Perito Moreno costó el doble por metro cúbico que el que está construyendo Pan American para GNL. El privado minimiza el costo”, afirmaron.
Además, adelantó el lanzamiento de la nueva licitación para ampliar el sistema eléctrico en el AMBA en las próximas semanas. “Vamos a estar lanzando una licitación para AMBA I, que es la primera gran expansión del sistema que vamos a hacer con privados. Es una obra de cuatro años”, detalló.
En ese sentido, reconoció que el sistema energético todavía enfrenta problemas de disponibilidad en momentos de alta demanda. “Todos sabemos que en verano estamos muy justos. Tenemos un problema de disponibilidad en los picos, pero vamos a ir saliendo de esta situación”, admitió.
AMBA I busca ampliar la línea de extra alta tensión de 500 kV Río Diamante–Charlone–O’Higgins y el tendido Puerto Madryn–Choele Choel–Bahía Blanca, considerados ejes centrales para fortalecer el sistema interconectado. Es una propuesta de inversión que arrancó en 2022 durante el Gobierno anterior, que buscaba ampliar el suministro eléctrico existente en el AMBA, a partir de nuevas fuentes de origen renovable, fortaleciendo el anillo energético para garantizar el abastecimiento en la zona con mayor demanda del país (40% de la demanda eléctrica nacional). En ese entonces, se buscaba financiar la etapa I con inversión china y la inversión se estimaba en ese entonces por más de u$s1.100 millones.
Sin embargo, con la llegada de Javier Milei al Gobierno, la inversión que contempla más de 500 km de líneas de alta tensión, será financiada en su totalidad por el sector privado, en un contrato que se estima será por 30 años. Al mismo tiempo, para el desarrollo de esta licitación se espera que el BID y otros organismos internacionales puedan actuar como garantes.