La Resolución 606/2025 de la Secretaría de Energía de la Nación del 26 de diciembre, firmada por María Carmen Tettamanti, marca un nuevo paso en el proceso de reconfiguración del mercado de gas natural. Bajo la forma de una invitación de adhesión voluntaria, la norma habilita a las empresas productoras a reordenar y anticipar el cierre de los contratos del Plan Gas.Ar, un esquema que originalmente fue diseñado para garantizar inversión, producción y abastecimiento hasta 2028/2029, con fuerte participación del Estado nacional a través de Energía Argentina S.A. (EA).
Avanza el desarme anticipado del Plan Gas.Ar: qué cambia con la Resolución 606 y qué se espera hacia 2026
El Gobierno dio un nuevo paso en la reconfiguración del mercado del gas natural al habilitar la salida anticipada de Energía Argentina de los contratos del Plan Gas.Ar. Los cambios clave en el esquema de pagos, controles y compromisos de producción.
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Más allá de los aspectos técnicos, la Resolución 606 funciona como una señal política clara: el Plan Gas.Ar, tal como fue concebido, entra en su etapa final.
La medida se inscribe en una estrategia más amplia del Gobierno: reducir la intermediación estatal en la compra y venta de gas, normalizar las relaciones contractuales entre privados y avanzar hacia un mercado donde el precio en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST) se forme, progresivamente, por la libre interacción entre oferta y demanda. En el sector, se habla de que el Gobierno tiene deudas con gasíferas por más de u$s350 millones y que esta es una herramienta para saldar la cuenta.
El núcleo de la decisión: salida gradual de EA de los contratos
El eje central de la Resolución 606/2025 es la cesión de los contratos de compraventa de gas natural que hoy están firmados entre los productores y EA en el marco del Plan Gas.Ar. La norma instruye a la empresa estatal a transferir esos contratos a las distribuidoras, subdistribuidoras, generadores o CAMMESA, según el destino de los volúmenes adjudicados, de modo tal que EA deje de ser contraparte contractual.
El propio texto oficial justifica esta decisión en varios factores convergentes:
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El cambio del contexto macroeconómico respecto del momento en que se creó el Plan Gas.Ar.
La emergencia del sector energético, prorrogada hasta julio de 2026.
La necesidad de sanear y normalizar el mercado del gas, tras años de congelamientos tarifarios, subsidios generalizados y contratos administrados.
El inicio del proceso de privatización total de Energía Argentina S.A., que vuelve incompatible su rol como compradora central de gas.
Según la resolución, la continuidad de EA como intermediaria genera “intermediaciones innecesarias” y se aparta del marco regulatorio de la Ley 24.076, que establece que las distribuidoras deben contratar el gas directamente con productores o comercializadores.
Adhesión voluntaria, pero con incentivos claros
La Resolución 606 no impone el nuevo esquema de manera compulsiva. Por el contrario, ratifica que el Plan Gas.Ar se basa en la participación voluntaria de las empresas, pero introduce incentivos concretos para promover la adhesión.
Entre los cambios más relevantes que se ofrecen a los productores que acepten la cesión contractual se destacan:
1. Menor carga regulatoria y de control
Los productores quedarán relevados de la obligación de presentar informes trimestrales y mensuales auditados sobre el avance del plan de inversiones comprometido. Si bien la Secretaría de Energía mantiene la facultad de requerir información puntual, desaparece el esquema sistemático de control que caracterizó al Plan Gas.Ar desde su creación.
2. Flexibilización del compromiso de inyección
La resolución elimina, para los adherentes, la aplicación del coeficiente 0,7 que se utilizaba para calcular el compromiso de inyección sobre la curva de producción. Este cambio reduce exigencias operativas y otorga mayor margen a las empresas para administrar su producción.
3. Mejora en el esquema de pagos
El pago provisorio de la compensación estatal pasa a cubrir el 90% del monto calculado sobre la base de declaraciones juradas, sin necesidad de certificaciones previas. En la práctica, esto implica un adelanto financiero mayor, con impacto positivo en la caja de las productoras.
Estos tres elementos conforman, en los hechos, una renegociación anticipada de las reglas del Plan Gas.Ar, con menores obligaciones a cambio de facilitar el desarme del esquema original.
Qué ocurre con los subsidios y el precio del gas
La resolución aclara que, aun con la cesión de contratos, el Estado nacional seguirá pagando la porción del precio del gas en el PIST que hoy asume bajo el mecanismo de compensación previsto en el Plan Gas.Ar. Es decir, no se elimina de inmediato el subsidio, sino que se modifica la forma contractual mediante la cual se instrumenta.
Los productores continuarán cobrando el precio del gas incorporado en los cuadros tarifarios y, complementariamente, percibirán la compensación estatal por los volúmenes entregados a la demanda prioritaria. Según la norma, estos cambios “no afectan las tarifas de los usuarios finales”, ya que se trata de adecuaciones instrumentales y no de fondo.
El rol del ENARGAS y la transición operativa
La Resolución 606 asigna al ENARGAS un rol de supervisión en el proceso de reasignación de volúmenes, especialmente los correspondientes a la Ronda 4.2 del Plan Gas.Ar. Energía Argentina deberá informar a los productores cómo se distribuirán esos volúmenes entre distribuidoras y CAMMESA, priorizando el abastecimiento del denominado Gas de Pico 2024 y 2025.
Una vez finalizado el proceso de adhesión, las empresas tendrán 30 días hábiles para presentar los nuevos contratos ante la Secretaría de Energía y el ente regulador.
Desde una óptica crítica, el especialista Juan José Carbajales advierte que la decisión implica desarmar anticipadamente el Plan Gas.Ar sin una evaluación integral de costos y beneficios. “Sacar a Energía Argentina de los contratos responde a una lógica ideológica, vinculada al principio de subsidiariedad del Estado y a la primacía del sector privado”, señala Carbajales.
“Pero no tiene lógica económica hacerlo anticipadamente a cambio de menor inversión comprometida, menor control sobre la producción y mayor gasto presupuestario”, añadió.
En ese sentido, remarca que la flexibilización de obligaciones y el aumento de adelantos financieros podrían incrementar el costo fiscal del esquema, sin garantías equivalentes en términos de inversión adicional o mayor oferta de gas.
Más allá de los aspectos técnicos, la Resolución 606 funciona como una señal política clara: el Plan Gas.Ar, tal como fue concebido, entra en su etapa final. El Gobierno apuesta a un proceso de transición ordenada hacia un mercado con menos contratos administrados y menor presencia estatal directa, aun cuando el esquema de compensaciones siga vigente por un tiempo.
El impacto real de esta decisión -en producción, inversión, abastecimiento y cuentas públicas- será uno de los ejes centrales del debate energético durante 2026, en un contexto donde el gas natural sigue siendo una pieza clave del sistema energético argentino.



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