Expropiación de YPF: los motivos del gobierno de EEUU para expresar un rotundo apoyo a la Argentina

La administración de Donald Trump prepara una declaración a favor del país y en contra de la entrega del 51% de las acciones de YPF a los fondos buitre. Se guardan un as en la manga: nombrar a un intermediario.

En las últimas horas, surgió una posiblidad de que el gobierno de EEUU proponga el nombramiento de "intermediario" para abrir una instancia de negociación entre el Estado y los fondos.

El gobierno de los Estados Unidos prepara una nueva declaración de respaldo a la Argentina en el juicio por la expropiación de YPF ocurrida en 2012.

Tal como anticipó Energy Report al inicio de esta semana, altos funcionarios de la administración de Donald Trump tienen previsto interceder en el proceso judicial que lleva adelante la jueza Loretta Preska en Nueva York, quien ordenó la entrega del 51% de las acciones de la petrolera de bandera("turnover") a los fondos buitre Burford Capital y Eton Park, que ganaron el juicio por u$s16.099 millones.

Actualmente, tras una presentación doble de los abogados de Argentina y un fallo de la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito, esa orden de transferencia de acciones de YPF quedó suspendida por "tiempo indeterminado". Esta medida rige tanto en la causa por la expropiación de YPF como en el caso del pago pendiente a los holdouts de la deuda en default de 2001 (Bainbridge).

YPF: cómo sigue el jucio en Nueva York

YPF no forma parte del juicio, ni del proceso en Nueva York, sino que es uno de los "botines" junto a Vaca Muerta del pleito entre privados y el Estado nacional. YPF no tiene abogados trabajando en el caso, ni forma parte de las negociaciones ni presentaciones oficiales.

El representante del Estado argentino es la Procuración del Tesoro de la Nación, hoy a cargo de Santiago María Castro Videla, quien mantiene contratado al estudio Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP. La Procuración se ocupa de asesorar al Poder Ejecutivo, representar y defender al Estado nacional en juicios y dirigir el Cuerpo de Abogados del Estado. Esta oficina hoy está en la mira de la Casa Rosada por filtración indebida y venta de información secreta a la contraparte.

La Cámara concedió la suspensión administrativa temporal de la orden inicial de Loretta Preska del 30 de junio pasado, hasta que un panel de tres jueces analice y resuelva la moción de suspensión de la ejecución de sentencia. Al mismo tiempo, los jueces de segunda instancia deberán analizar y responder por la apelación al juicio. Esa tríada todavía no fue conformada.

En medio de la espera -podría demorarse dos años una sentencia de Cámara-, el proceso continuará y para ello se fijaron distintos plazos: por un lado, los apelados (los fondos) deben presentar su oposición al pedido de suspensión antes del 17 de julio. Mientras que la apelante (Argentina) debe presentar su réplica antes del 22 de julio de 2025. Esto lo fijó la propia Cámara.

Los "camaristas" de Nueva York deberán dar una respuesta definitiva al juicio: ratifican todo lo actuado por la magistrada, modifican parcialmente el fallo o lo revocan.

Qué argumentaron los fondos buitre

La demanda principal de Burford se sostiene en que, según el artículo 7° del Estatuto de YPF, si alguien compraba más del 15% de la empresa debería ofrecer lo mismo a todos los accionistas y no sólo a Repsol.

Además, el fondo buitre con sede en Londres alegó perjuicio porque tras entrar en la compañía, el Estado nacional decidió suspender el giro de dividendos que había sido acordado entre Repsol y el Grupo Petersen, lo que desencadenó que las empresas de los Eskenazi entraran en default al no poder pagar sus deudas.

Sea como sea que resuelvan, la causa se encaminará a la Corte Suprema de Estados Unidos, porque ninguna de las partes aceptará una decisión en contrario. Esta es la principal preocupación del Gobierno de Trump.

YPF: por qué intervendrá el gobierno de EEUU en el juicio

El Gobierno de EEUU ya se presentó el 6 de novimebre del 2024 en el caso YPF como "amicus curiae" (amigo del tribunal) en favor de la Argentina. Y lo hizo a través del Departamento de Justicia para aplazar -en el pasado- la entrega de acciones de YPF como forma de pago de las deudas judiciales del Estado nacional. Todo indica que lo volverá a hacer y con argumentos sólidos.

Días después del segundo triunfo electoral del presidente Trump -y todavía bajo la administración de Joe Biden-, el Departamento de Justicia de EEUU se expidió en contra del pedido del fondo Burford de entrega de acciones, al señalar que el pedido de los demandantes "viola las normas de inmunidad soberana de Estados Unidos".

Facsímil del escrito presentado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos en el juicio por la expropiación de YPF en noviembre del 2024.

@TommyBarbanBA

Argumento I: un juez de EEUU no puede entregar bienes de otro país

En el escrito de 2024 el Departamento de Justicia alertó que los jueces de Estados Unidos no pueden embargar u ordenar la venta de un bien de otro país, si ese bien no está en territorio de los Estados Unidos.

Y en este caso, las acciones de YPF Clase D que ordenó entregar están registradas en la Caja de Valores y no cotizan en Wall Street. Las acciones con el símbolo YPFD se negocian en Argentina y las que tiene el símbolo YPF en Nueva York.

Argumento II: la jueza intefiere en derechos de estados soberanos

Al mismo tiempo, y tal como esgrmió la defensa de Argentina, la orden de Loretta Preska de entregar las acciones de YPF viola el derecho federal estadounidense, en particular la Ley de Inmunidades Soberanas Extranjeras (FSIA), y los principios de cortesía internacional. POr eso los abogados defensores advierten por un "ejercicio inconstitucional de jurisdicción extraterritorial" de la magistrada.

Como también advirtió el Departamento de Justicia, el fallo de Preska podría "interferir indebidamente" con los derechos legítimos de los estados extranjeros, ya que dispone libremente de bienes dentro de su propio territorio, y va encontra de los intereses de la política exterior estadounidense en materia de reciprocidad.

Argumento III: fuerza a la Argentina a violar su legislación nacional

Otro argumento expuesto por Cleary Gottlieb Steen & Hamilton es el daño irreparable e imposibilidad de cumplimiento legal, ya que ejecutar el “turnover” forzaría a la Argentina a violar su legislación nacional y a perder el control estatal sobre YPF de manera irreversible.

Como ya se publicó en Energy Report, cualquier tipo de entrega de acciones de YPF debería ser aprobada por el Congreso nacional, a través de una ley específica, porque así se renacionalizó, según el mandato constitucional del país.

En este caso, sería el Gobierno nacional o algún legislador quien deba impulsar y presentar el texto de una norma que dé cumplimiento al fallo de Nueva York. Y en caso de que el presidente Javier Milei decida cumplir con la sentencia de Preska y lo haga por Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), las acciones -y el control de la petrolera de bandera- pasarían nuevamente a manos privadas si ese DNU es avalado por el Congreso. Nunca antes.

Argumento IV: el temor a la reciprocidad

El temor del entonces gobierno de Joe Biden -y ahora el de la administración de Trump- es que el cumplimiento de un embargo forzado de empresas argentinas (entrega de acciones) abra una jurisprudencia internacional que viole las leyes estadounidenses, porque al mismo tiempo permitiría -en un futuro hipotético- que haya algún tipo de reciprocidad y que la Argentina pueda hacer lo mismo -quedarse forzadamente- con alguna empresa o un activo soberano de EEUU.

Pero a este temor inicial ahora se agregó otro mayor: que -como se dijo anteriormente- el caso se encamine a la Corte Suprema de EEUU y que sea el máximo tribunal el que falle a favor de los fondos buitre, y siente un precedente "dañino" para la democracia empresarial estadounidense y las leyes del mercado de capitales.

Un "as" en la manga: la designación de un intermediario

Días atrás fuentes vinculadas al litigio en Nueva York anticiparon a este medio que era inminente una declaración de EEUU a favor de la Argentina. Esa manifestación podría no solo ser judicial, sino también política. Por ejemplo, un mensaje de Donald Trump en su propia red Truth Social.

Sin embargo, en las últimas horas, las fuentes consultadas no descartan que el gobierno de EEUU de un paso más y proponga a la jueza Loretta Preska y a la Cámara de Apelaciones el nombramiento de un agente "intermediario" (tercera posición) para abrir una instancia de negociación entre las partes, que allane el camino a un acuerdo extrajudicial, con un monto de pago muchísimo inferior al determinado en la sentencia inicial. Hoy, quien cierra las puertas a cualquier intento de diálogo para acercar posiciones, es el Gobierno nacional.