Tristán Bauer sucedería a Jorge Alvarez en el Incaa

Espectáculos

Tras la poco sorpresiva renuncia de Jorge Alvarez, la continuidad en el Incaa no va a ser sencilla, pese a que desde principios de este año se menciona a Liliana Mazure como su sucesora y a Javier Grossman como vicepresidente. Ambos fueron convocados por el cada vez más poderoso Secretario de Medios Enrique Albistur, de quien también el Comfer depende desde la semana pasada (el viernes último, hasta circuló otra versión más extrema: que el Incaa perdería su autarquía y también pasaría a depender de Medios).

Mazure es una reconocida productora, a quien también se debe haber encauzado el Bafici en sus primeros tiempos, antes de que ingresaran Quintín y Ricardo Manetti. Javier Grossman, impulsor privado del famoso centro cultural under de los '80 «Babilonia», se vinculó más tarde a la función pública y llegó a ser subsecretario de Cultura de la Ciudad en los años Telerman. Con la elección de Mazure coinciden diversos sectores, inclusive aquellos que valoran como positiva la gestión de Alvarez.

Sin embargo, si la fórmula Mazure-Grossman se daba por descontada mucho antes de que Alvarez diera el paso al costado (sobre todo la primera, porque a Grossman no lo entusiasma demasiado el cargo), en las últimas horas creció con fuerza el nombre de otro candidato, que contaría con la simpatía de Cristina de Kirchner y la Secretaría de Cultura de la Nación: el cineasta Tristán Bauer, cuya labor al frente del Canal «Encuentro» goza de un beneplácito casi unánime.

Menos chances tienen otros candidatos mencionados en estos días, como Ricardo Wullicher, que fue vicepresidente de la histórica gestión de Manuel Antín (1984-89), y gestor de los programas de TV «Ciencia y Conciencia» y hoy es vice de la DAC. Wullicher, más verosímilmente, estaría al frente de Argencine, entidad de distribución internacional de cine nacional que fue creada por él y Antín, y que se piensa reflotar.

  • Las últimas horas

    Aislado en su despacho de Lima 319 y tan solitario como Tom Hanks en «Náufrago», el presidente del Incaa Jorge Alvarez terminó cumpliendo lo que muchos pretendían, presentar su renuncia. No logró controlar la desgastante guerra subterránea entre sectores industriales rivales, ni las sindicales, ni la que enfrenta a las cuatro sociedades diferentes de directores en un país que produce casi un centenar de películas al año, de las cuales algunas no logran ni arañar los cien espectadores.

    En el vendaval que arrastró a Alvarez también tuvieron su gravitación los llamados «Terceros J», esto es, los créditos que otorga el Incaa a la manera de los gastos reservados del Estado, y cuyo generoso otorgamiento en los últimos tiempos nadie fue capaz de justificar del todo. El ex funcionario, que en algún momento tuvo el apoyo de su antecesor Jorge Coscia, solía negar que hubiese sido él quien firmó la totalidad de esos créditos. Pero, claro, él era el presidente. La vicepresidenta María Lenz, desde que entró en el Congreso a principios de este año, no quedó en los mejores términos con Alvarez.

    Pero su mayor enemiga, que lideró una andanada de mails contra su gestión, la DAC (Directores Argentinos Cinematográficos, encabezada por Carlos Galletini) tampoco puede, sin embargo, felicitarse del todo con el desenlace, ya que ahora se arriesga a ser llevada a juicio por dos entidades que también cayeron en la volteada.

    Algo de historia reciente. El martes, Alvarez apareció por última vez en público, participando de la conferencia de prensa del próximo festival marplatense. El miércoles, una requisa policial, por orden del juez Claudio Bonadío, se presentó en el Incaa, pidiendo dos expedientes relativos a subsidios especiales en el trámite de una denuncia al parecer iniciada por el cineasta Eduardo Montes Bradley (inhallable desde hace ya algún tiempo). Alvarez, poco más de un día después, renunció ante el jefe de Gabinete Alberto Fernández, dos años antes de que terminara su mandato, tras tres años en el cargo con más de un sobresalto.

    En marzo de 2005 el presidente anterior Jorge Coscia asumió como diputado nacional, en enero se fue Lenz con el mismo destino; el auditor interno, Juan Landaburu, fue nombrado subsecretario de Culto de la Nación, y el gerente general Daniel Peña debió alejarse, hostigado por la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN).

    Alvarez debió enfrentar una campaña de denuncias de DAC, SICA (Sindicato de la Industria Cinematográfica Argentina) y SUTEP (Sindicato Unido de Trabajadores del Espectáculo Público), que le enrostraban diversos cargos de derroche, ineficiencia, y desatención a sus pedidos. Algunas son culpas compartidas, como, por ejemplo, la inactividad del Consejo Asesor, provocada por las mismas rencillas internas de las diversas entidades que lo componen.

    «No entendió que pertenecía a un gobierno que decidió dar batallas políticas contra ciertos sectores de poder. Intentó una conciliación muy tonta con el sector de la exhibición, no se animó a cambiar radicalmente la cuota de pantalla, y no buscó una política para obligar a la televisión a invertir en el cine argentino», apuntó el director David Blaustein.

    En este ambiente de denuncias cruzadas y amenazas de juicio, la transición no será fácil. La ONG SOS Discriminación Internacional, dirigida por Víctor Ramos, ex titular del Instituto Nacional contra la Discriminación (INADI),es una de las acusadas por la DAC y ahora promete contraatacar. Según la entidad de directores (en su boletín número 69), Ramos recibió casi $ 4.400.000 para hacer ocho documentales mediante los «Terceros jota», siendo la suya «una institución totalmente desconocida para el medio cinematográfico». En respuesta, Ramos enumeró los documentales de su entidad sobre la violencia en el fútbol, las comunidades boliviana, indígena y china, los homosexuales, el sida, etc., para su difusión gratuita en escuelas, y contraatacó mencionando que «una empresa que sí es 'conocida para el medio cinematográfico' (para ustedes) y de la que la DAC no habla, participó en 67 coproducciones del artículo 3J, que implican más de 30 por ciento del total aprobado por el Incaa, y en 70% de los casos (52 películas) cobraron íntegramente el aporte del Instituto sin realizar la obra audiovisual subsidiada».

    Ramos acusa a algunos directores con nombre y apellido, pero tampoco justifica taxativamente los gastos ni el alcance de difusión de sus propios documentales subsidiados. Es probable que el fuego cruzado continúe, y alcance también a otros subsidios de Alvarez hasta ahora intachables, como el del largo «18-J», impulsado por la AMIA y algunas productoras para mantener la memoria viva del atentado de calle Pasteur.
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