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Avanza la incorporación de la banda ecuatoriana "Chone Killers" al registro de organizaciones vinculadas al terrorismo

La decisión fue adoptada mediante una resolución conjunta de los ministerios de Seguridad Nacional y de Relaciones Exteriores. El Ejecutivo sostuvo que la organización representa una "amenaza externa real o potencial a la seguridad nacional" y dio intervención al Ministerio de Justicia para concretar su inscripción.

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El Gobierno dispuso avanzar con la inscripción de la organización criminal ecuatoriana Chone Killers en el Registro Público de Personas y Entidades Vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET), al considerar que existen elementos suficientes para encuadrarla dentro de los supuestos previstos por la normativa vigente. La medida fue oficializada este jueves mediante la Resolución Conjunta 4/2026 de los Ministerio de Seguridad Nacional y Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto.

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En los considerandos, el Ejecutivo sostuvo que, de acuerdo con informes reservados elaborados por ambas carteras, "la organización criminal ecuatoriana Chone Killers representa una amenaza externa real o potencial a la seguridad nacional, con riesgo para la vida, bienes y patrimonio de los habitantes de la Nación". Además, señaló que se verificó una expansión transnacional del grupo en la región, por lo que consideró prioritario prevenir su eventual instalación en la Argentina.

La resolución argumenta que la incorporación al RePET constituye "una herramienta necesaria, proporcional y adecuada" para fortalecer los mecanismos de prevención, detección temprana y represión del terrorismo y su financiamiento, en línea con los estándares internacionales y los compromisos asumidos por el país en la materia.

En ese marco, el artículo primero declara reunidos los requisitos previstos en el Decreto 918/2012 para la inscripción de la organización en el registro, mientras que el segundo dispone dar intervención al Ministerio de Justicia para concretar ese trámite. La resolución entró en vigencia con su publicación en el Boletín Oficial.

La medida se apoya en la normativa nacional y en compromisos internacionales asumidos por la Argentina para combatir la delincuencia organizada transnacional, el terrorismo y su financiamiento. Entre ellos se citan convenciones internacionales, resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y disposiciones del Código Penal y de la Ley de Ministerios.

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