Buenos Aires: piden licencia hoy para vender alcohol

Superó, por ahora, el lobby empresarial, las pocas diplomáticas sugerencias de Hugo Moyano y el recelo, difusamente explicado, de un puñado de intendentes. Traspasó ese laberinto de presiones y, al fin, Buenos Aires será la primera provincia argentina donde para vender alcohol será obligatorio una licencia especial.

Desde hoy, los comercios que quieran comerciar con bebidas alcohólicas deberán contar con un permiso y pagarle al Estado un canon de entre 150 y 1.500 pesos por año. Además, los distribuidores de bebidas no podrán aprovisionar a los locales que no cuenten con ese permiso.

Es la primera experiencia en el país de una práctica que se derrama por todo el mundo -Chile, por caso, la tiene hace 30 años-; la equívocamente llamada «Ley Seca» es una táctica para reducir las bocas de expendio de alcohol para bajar el consumo entre los menores de edad.

No prohíbe, de hecho, la venta: quien tenga más de 18 años podrá, sin problemas, comprar o consumir bebidas sin riesgo de sanciones. Pero el Estado, si la ley se aplica en forma rigurosa, controlará a través de un Registro de Expendedores (REBA) en qué comercios se puede vender alcohol.

De algún modo, lo que suena a ironía, esta ley aportará a hacer cumplir otras leyes: una que rige desde 1996 cuando Eduardo Duhalde dispuso que quioscos, polirrubros y estaciones de servicio no podían vender bebidas alcohólicas. La otra, que prohíbe la venta a menores de 18 años.

En la actualidad, ni una ni otra disposición se cumplen. De hecho, según los datos de la Subsecretaría de Atención a las Adicciones, 30% del alcohol que se consume en la provincia se vende en quioscos a pesar de que, por ley, está prohibido que lo hagan.

Ese es uno de los flancos débiles del régimen que comienza a funcionar hoy: las dudas sobre si la norma se cumplirá. En principio, inspectores de varios municipios -La Plata, Mar del Plata, Morón, José C. Paz, entre otros- saldrán a la calle a fiscalizar los comercios.

En La Plata, más allá de que consideran que la ley es mayoritariamente aceptada, plantean algunas reservas. No entienden por qué tres municipios -Tigre, San Fernando y San Isidro- no aceptaron hacer la inscripción para otorgar la licencia.

• Observación

Un planteo adicional refiere a los jueces de faltas y correccionales que son quienes deben ejecutar las sanciones que incluyen multas de entre 1.000 y 30.000 pesos, hasta la clausura. Es decir: los inspectores labran la infracción, pero la sanción la debe aplicar y hacer cumplir la Justicia.

La otra observación refiere a los distribuidores. De allí surgió la mayor oposición que, curiosidades de la política, estuvo sustentada por Hugo Moyano, que envió a su diputado provincial, Octavio Argüello, a presentar un proyecto para suspender la entrada en vigencia de la ley.

Los distribuidores alertaron a Moyano que si bajaban las ventas habría despido de personal y, de inmediato, el camionero viajó a La Plata para pedirle a Solá que demore la puesta en marcha. Solá lo despidió con un no.

Sin embargo, la furiosa interna del PJ entre duhaldistas y felipistas, que no deja hueco sin infectar, no metió la cola. De hecho, la vice Graciela Giannettasio tomó como bandera la defensa del sistema. «Es una ley que tiene como fin proteger la vida», dijo.