Celulares no quieren dar bases de datos de clientes

Las empresas de telefonía celular no ocultan su preocupación por algunos aspectos del proyecto de ley que regularía el uso de celulares, su reventa y hasta la utilización de tarjetas prepagas para hacer llamadas. Y si bien no quieren aparecer como saboteando una medida que forma parte de un paquete que ha probado su sustento en las casi 300.000 personas que se movilizaron en todo el país, tampoco desean que la coyuntura cristalice en el tiempo modalidades operativas en el sector que podrían perjudicarlas en el largo plazo.

De todos modos, lo que más las preocupa no tiene que ver con lo comercial o lo económico, sino estrictamente con la seguridad. La ley que pasó del Senado a Diputados prevé que las empresas deberán entregar las bases de datos de todos sus clientes al Poder Ejecutivo (en principio, sería al Ente Regulador, pero no se descarta que también deban hacerlo con algún otro organismo público). Esto a todas luces es un peligro latente: según expertos del sector, «las bases de datos son bienes valiosísimos, por los que en todo el mundo se pagan fortunas. ¿Qué garantía hay de que las informaciones contenidas en ellas -domicilio del cliente, número de teléfono, gasto mensual en celulares, etc.- no caerán en manos indebidas? Bastaría un empleado corrupto y una organización delictiva lo suficientemente hábil como para detectarlo, para que esos delincuentes se hagan de una verdadera guía del 'quién es quién', con dirección y número de teléfono para 'apretar' a las posibles víctimas. Es muy, muy, muy peligroso...»

En las empresas afirman que no tendrán ningún inconveniente en seguir informando los datos sobre clientes puntuales que les requieran jueces y fiscales, tal como vienen haciendo hasta la fecha, pero no ocultan su preocupación por tener que ceder sus bases de datos completas a «quién sabe a quién».

• Tarjetas

Otro aspecto que les preocupa es la restricción que se operará sobre la venta de tarjetas telefónicas, que no sólo pueden ser utilizadas para hablar por celular sino también para telefonía fija, Internet, etc. Esa venta sólo podrá hacerse a través de puntos autorizados por el Poder Ejecutivo, luego de asegurar la filiación del comprador y su domicilio a través de la exhibición de documentos de identidad. «Es impracticable -dicen expertos del sector-. Imagínese un quiosco de barrio pidiéndoledocumentos a un chiquilínque viene a comprar una tarjeta para navegar en Internet en el locutorio o para llamar por teléfono público a su novia... El peligro no son las tarjetas.»

Finalmente, otro alto ejecutivo del sector afirmó que «no se justifica» la prohibición contenida en el artículo 4° del proyecto, de «importación y exportación temporaria de equipos o terminales móviles usados». Explica que «en el futuro, cuando el país se recupere, podríamos vender a otros países los equipos que los usuarios locales vayan descartando, lo que resultaría un ingreso de divisas para el país y no vemos cuál sería el efecto de esta medida sobre el combate a la delincuencia. Al revés, en épocas como las que pasamos recientemente, muchos usuarios pudieron acceder a líneas de celulares trayendo equipos usados desde el exterior, más baratos que los que se ofrecían localmente».