El ministro de Seguridad Ciudadana de Tucumán, Pablo Baillo, anunció que presentará un proyecto de ley para que se declare en emergencia a la policía provincial, a raíz del episodio en el que cinco estudiantes fueron atacadas aparentemente por error por efectivos que las confundieron con delincuentes.
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Baillo manifestó que sólo el jefe de la policía de Tucumán, Pedro Ledesma, y el subjefe, José Melián, fueron ratificados en sus cargos, mientras que la Dirección de Investigaciones provincial está bajo análisis, ya que allí pertenecían algunos de los efectivos que participaron del ataque cometido la semana pasada en la localidad de Trancas.
La declaración de emergencia policial permitirá que, como sucedió en la provincia de Buenos Aires, el ministerio de Seguridad Ciudadana pueda expulsar de la fuerza sin cuestionamiento judicial a aquellos efectivos que estén vinculados a episodios delictivos.
En el marco del mismo proyecto, Baillo pretende crear la Dirección de Asuntos Internos, que respondería al ministerio y no a la policía -como sucede ahora-, para controlar "la corrupción y el abuso funcional en la gestión policial por los numerosos hechos de inconducta y a raíz de las numerosas quejas de ciudadanos".
Esa Dirección estará dedicada a investigar casos de enriquecimiento ilícito y el seguimiento de la labor de los policías, así como su asistencia y cumplimiento de las tareas encomendadas.
Otra de las iniciativas a estudio es la compra de vehículos, armas y medios de comunicación, además de la incorporación de nuevos miembros de la fuerza al sistema de patrullas urbanas de prevención, que hoy sólo se implementa en la capital provincial.
El hecho que actuó como impulso para estas iniciativas fue el ocurrido la semana pasada en Trancas, a 80 kilómetros al norte de la capital provincial, donde cinco estudiantes del profesorado de Sociología fueron atacadas por 11 policías en momentos en que regresaban a sus casas desde la localidad salteña de El Tala.
En esa oportunidad, los efectivos efectuaron más de 10 disparos contra el Peugeot 405 que conducía María Linares Vallejo, de 26 años, al parecer al confundir ese vehículo con el de unos delincuentes a los que buscaban.
A raíz de ese episodio, 11 policías fueron separados de sus cargos, mientras que se inició una investigación judicial que está en manos de la fiscal de Instrucción Adriana Reinoso Cuellos, quien procura identificar a los responsables del ataque en el marco de la causa caratulada "tentativa de homicidio".
En tanto, en las últimas horas, la familia Linares Vallejo denunció ante la Justicia que el jueves pasado recibió tres amenazas telefónicas anónimas, en dos de las cuales la amenazaron de muerte a la madre de la joven, Gloria Vallejo de Linares.
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