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Oliveri dijo que el gobierno no tiene que dar "ninguna explicación" por escrito de los alcances de un decreto firmado por el presidente Néstor Kirchner por el que echó a Baseotto como vicario militar.
El obispo fue despojado de su cargo de subsecretario de Estado y de un salario de 5.000 pesos mensuales (1.700 dólares).
El Vaticano exigió la semana pasada que Buenos Aires aclare "por escrito" si Baseotto podrá oficiar misa fuera del ámbito militar luego de advertir que podría estar en juego la "libertad religiosa" en el país.
El funcionario argentino dijo además que el gobierno estudia la posibilidad de plantearle a la Santa Sede la supresión del vicariato castrense.
Baseotto generó una fuerte repulsa cuando dijo que habría que "colgarle una piedra al cuello y tirar al mar" al ministro de Salud, Ginés González García, quien promueve la despenalización del aborto e impulsa una campaña para el uso de condones.
La mención recordó a los llamados vuelos de la muerte durante la dictadura por los cuales centenares de opositores fueron arrojados vivos al mar desde aviones.
"El decreto del presidente lo interpretan los jueces. El Gobierno no tiene por qué hacer ninguna aclaración al respecto, y además en Argentina está ampliamente demostrado que existe una libertad de culto total", afirmó Oliveri al ser consultado sobre las "explicaciones" que reclamó el Vaticano.
"Hay acuerdos que son revisables, muchos de ellos fueron hechos en épocas de gobiernos de facto, más allá de su institucionalidad discutible o no, han quedado en la historia. No tienen hoy un sustento real. Me parece bueno revisar eso, en el marco de una buena relación, amigable", señaló el funcionario, sobre la posibilidad de suprimir esa instancia religiosa.
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