Integrantes de agrupaciones de izquierda bloquearon en simultáneo los principales accesos a la Ciudad de Buenos Aires durante más de seis horas para reclamar su inclusión en los aumentos en el plan Argentina Trabaja y el Gobierno los acusó de querer "desestabilizar" su gestión.
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Se trató de una protesta del Movimiento Barrios de Pie, acompañada por militantes de la CTA opositora, la Corriente Clasista y Combativa, el Polo Obrero y el MST, que iniciaron antes del mediodía cortes en los ingresos a la Capital Federal, lo que generó caos en el tránsito.
La medida se repitió en Avenida Rivadavia y General Paz; el Puente Pueyrredón; Puente La Noria, Autopista Illia y Panamericana y 197, las principales vías de ingreso a la Ciudad, tanto por el norte, como el oeste y el sur.
Las organizaciones, opositoras al Gobierno, denuncian que punteros del PJ en el conurbano bonaerense están acaparando los aumentos de 550 pesos anunciados hace tres semanas por la presidenta Cristina Kirchner, que en los próximos meses alcanzarán a 30 mil de los 150 mil cooperativistas del programa.
Y anunciaron que la semana próxima reiterarán las protestas con el fin de que se sientan con mayor fuerza. "El incremento salarial anunciado por la Presidenta llega sólo al 20 por ciento de los trabajadores, dejando afuera a más de cien mil trabajadores, profundizando las prácticas clientelares, ya que el aumento será determinado de manera arbitraria, por ello se debe dar un aumento al conjunto de los trabajadores, sin clientelismo", denunció Daniel Menéndez, coordinador nacional de Barrios de Pie y uno de los líderes de la protesta.
En medio del descalabro en el tránsito, que se profundizó por otras manifestaciones en la Capital, la ministra de Seguridad, Nilda Garré, acusó a los dirigentes de izquierda de realizar "protestas desestabilizantes, sin racionalidad y salvajes", y advirtió que la situación "excede el marco de una protesta legítima".
La funcionaria individualizó a los dirigentes Vilma Ripoll (MST), Néstor Pitrola (Partido Obrero), Humberto Tumini (Libres del Sur), Christian Castillo (PTS), Fernando "Pino" Solanas (Proyecto Sur) y Hermes Binner (Partido Socialista) y denunció una "extorsión" contra el Gobierno.
"Les pregunto a estos dirigentes si son responsables de lo que están haciendo, si se puede hacer esta extorsión, que genera una situación que perjudica principalmente a la gente", consignó Garré en declaraciones radiales, lo que fue rechazado y repudiado por la mayoría de los dirigentes mencionados con nombre y apellido.
Uno de ellos, Binner, salió a aclarar que "nunca" alentó ni estuvo "de acuerdo con los cortes de calles e impedir la libre circulación de las personas" y exigió al Gobierno "terminar con la discrecionalidad y cumplir con los derechos que plantea la Constitución a la educación, a la salud, la vivienda y el trabajo".
Al igual que ocurriera luego de la puesta en marcha del plan Argentina Trabaja, las organizaciones de izquierda no kirchneristas reclaman que 100 mil beneficiarios no recibirán el aumento anunciado, que alcanzará a sólo 30 mil repartidos de manera "clientelar", los que empezarán en abril a hacer obras de mayor complejidad, como redes de agua y cloacas o tareas de saneamiento.
Además de los 550 pesos de aumento, el Gobierno también anunció que recibirán un plus por productividad de 300 pesos y otro por presentismo, de 250, que se pagarán cada dos meses: son 1.100 pesos para 30 mil cooperativistas que hoy cobran 1.200 pesos mensuales.
Cerca de las 17:00 y mientras se desarrollaba la desconcentración, los líderes de la protesta anunciaron a la prensa que el próximo miércoles habrá una asamblea de delegados en el Hotel Bauen para "redoblar el plan de lucha con una medida mucho más fuerte para la semana próxima" en caso de no recibir respuestas del Gobierno al pedido de audiencia.
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