La Justicia procesó a Jorge Castillo, "el rey de La Salada", por evasión y lavado de dinero: seguirá preso

El empresario también fue acusado de formar parte de una asociación ilícita y de violar la ley de marcas.

Jorge Castillo quedó procesado y seguirá detenido. 

Jorge Castillo, conocido como "el rey de La Salada", fue procesado por la Justicia en el marco de la investigación por evasión fiscal, contrabando, lavado de dinero y violación de la ley de marcas. De esta manera, el empresario tendrá que afrontar un embargo de $750 millones y seguirá preso.

También fueron procesados por la misma causa los socios de Castillo, Antonio Corrillo Torrez y Aldo Enrique Presa, acusados de ser coautores de los crímenes mencionados anteriormente.

Semanas atrás, cuando quedó detenido, la Policía secuestró durante un allanamiento a su domicilio en Luján documentación contable y societaria, dispositivos electrónicos, dinero en efectivo, mercadería y registros de operaciones financieras. El operativo cerca de 60 allanamientos contra la venta ilegal.

La decisión fue tomada por el juez federal Luis Armella y también procesó con prisión preventiva a otros 20 detenidos. Además, avanzó con allanamientos en la feria El Olimpo y las galerías del barrio porteño de Flores.

En el pedido de elevación a juicio presentado por los fiscales, señalaron que entre 2013 y 2017 los acusados habrían evadido más de 142 millones de pesos en el Impuesto a las Ganancias y otros $126.684.567 en concepto de IVA, sumando intereses que superan los 228 millones. En el caso puntual de Castillo, se lo señala por una evasión de $19.170.956 en Ganancias y $10.415.000 en IVA, con intereses acumulados por encima de los 15 millones de pesos.

Reabrió la feria de La Salada bajo una serie de requisitos

El pasado 22 de mayo, cuando se llevaron a cabo los allanamientos y las detenciones, la feria de La Salada quedó clausurada y volvió a funcionar recién tres semanas después bajo una serie de requisitos, tras largas jornadas de protestas.

Uno de los puntos es que los titulares de los puestos deben contar con constancia impresa de su suscripción ante el ARCA, cada empleado que trabaje debe estar inscripto en los organismos correspondientes y se deberá emitir el comprobante de venta. Mientras que, si se trata de un inquilino del puesto, se tendrá que presentar el contrato de alquiler, constancia de procedencia de la mercadería expuesta y también la emisión de comprobantes de venta.

Además, las sociedades tendrán 90 días para designar nuevas administraciones para regularizar la situación. Esto se suma a la incorporación de sistemas bancarizados para el cobro en los predios.