22 de julio 2004 - 00:00

Penoso: ponen custodia para cobradores de luz

Luego del asesinato de un empleado contratado por Edesur, el clima cada vez más tenso en las calles obligó ayer al gobierno de Felipe Solá a disponer un servicio adicional de policías para cuando el personal lleve a cabo cortes a clientes morosos y consumidores ilegales en las zonas que la firma considere «calientes». La medida se extendería a otras empresas.

Tras el asesinato del empleado de una firma contratista de la eléctrica Edesur ocurrido el martes, el ministro de Seguridad bonaerense, León Arslanian, acordó ayer con la empresa un servicio adicional de policías para cuando su personal lleve a cabo cortes a clientes morosos y consumidores ilegales en las zonas que la distribuidora considere «calientes» o «riesgosas».

El gobernador Felipe Solá admitió que la custodia que se implementará para los operarios de Edesur podría extenderse a otras empresas, aunque aclaró que lo ocurrido el martes «no es un problema cotidiano, sino que se encontraron con un asesino». «En la medida en que las empresas lo soliciten vamos a darles custodia», dijo.

Solá resaltó que la persona detenida por el homicidio del trabajador de Edesur «es un delincuente que estaba prófugo de la Justicia». «No es costumbre que a un operario se le tire con un revólver o se le dé una paliza cuando va a cortar la luz. Lo que pasó es que en una gran extensión como el conurbano se encontraron con un asesino», afirmó.

No obstante, la Asociación de Distribuidores de Energía Eléctrica de la República Argentina (ADEERA), conformada por 37 empresas públicas, privadas y cooperativas, denunció ayer la gran cantidad de hechos delictivos que sufren los empleados y contratistas de las empresas. Según sus estadísticas, en el último año sólo en la Capital Federal y el Gran Buenos Aires, las distribuidoras padecieron más de 2.500 ilícitos perpetrados contra sus empleados y contratistas.

El servicio adicional de seguridad acordado ayer, que será coordinado por las jefaturas departamentales, se logró durante una reunión entre Arslanian y el gerente general de Edesur, José María Hidalgo, en La Plata. Del encuentro participaron, además, el gerente de Comunicaciones de la empresa, Daniel Martini; el subsecretario de Seguridad provincial, Martín Arias Duval; y el de Información para la Prevención del Delito, Roberto Vázquez.

Arslanian analizó junto con Hidalgo y Martín los hechos ocurridos el mediodía del martes en la localidad de Gerli, donde fue asesinado Armando Carvallo, un empleado de una empresa contratista que trabaja para Edesur cuando cortaba el suministro eléctrico a un moroso. Momentos antes, el mismo acusado había apuñalado a otro integrante del grupo de trabajo, Gastón García -quien ayer fue dado de alta-.

«Acordaron la implementación de un servicio de custodia para el personal de Edesur, el que será coordinado entre la empresa y las jefaturas departamentales, cuando la firma considere de riesgo la zona en la que deban realizar sus tareas»,
indicó un comunicado de la cartera de Seguridad bonaerense.

• Ratificación

«Por otra parte, y enmarcado dentro de las tareas que viene realizando la Mesa de Trabajo para la Prevención de la Piratería del Asfalto, se ratificó la continuidad de los operativos tendientes a detectar el tráfico ilegal de metales no ferrosos, delito que también tiene como damnificadas a las empresas de suministro de energía eléctrica, quienes sufren el robo de cables de sus redes de provisión», agregó.

El presidente de la Cámara de Inversores del Sector Eléctrico (CAISE),
Francisco Mezzadri, aseguró ayer que los ataques contra operarios contratados para cortar la luz provocan «un estado de inseguridad muy generalizado» que puede afectar la imagen del país en el momento de decidir el destino de las inversiones.

Omar Jorge Mazzella
, alias «El Gitano», de 63 años, uno de los detenidos por el crimen del operario, fue indagado ayer por el fiscal del caso de Lomas de Zamora, Daniel Gualtieri.

Según fuentes judiciales, Mazzella estaba prófugo de la Justicia desde mayo pasado en la causa iniciada en enero de 2003, cuando baleó por la espalda a
Matías Corsinte, con quien discutió mientras miraban un partido de fútbol en Adrogué.

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