Los familiares instalaron una silla por cada víctima
Dos exfuncionarios del Gobierno porteño que son juzgados por el incendio que dejó 193 muertos en el boliche Cromañón afirmaron que no tenían "facultad alguna" desde sus cargos para clausurar el local, el cual tenía serias irregularidades al momento del siniestro.
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Se trata del exsubsecretario de Seguridad porteño, Enrique Carelli, y del exdirector de Servicios de Seguridad Privada, Vicente Rizzo, quienes desempeñaban sus funciones cuando ocurrió la tragedia, el 30 de diciembre de 2004, y coincidieron en que su rol no era inspeccionar locales como Cromañón.
"Yo carecía de la autoridad y del poder suficiente. Carecía del poder de policía", dijo Carelli ante los miembros del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 24, luego de lo cual aclaró que la potestad de enviar inspectores y eventualmente clausurar un boliche correspondía a la Subsecretaría de Control Comunal de la Ciudad.
Aunque no la nombró, ese organismo estaba a cargo de Fabiana Fiszbin, que tras el primer juicio y una revisión de la Cámara de Casación fue condenada a cuatro años de prisión por incendio culposo y omisión de sus deberes como funcionaria, aunque permanece en libertad hasta que el fallo quede firme.
En el mismo sentido que Carelli se expresó Rizzo, quien remarcó que no estaba en sus facultades "controlar el desempeño de la actividad" de Cromañón y que creía que había cumplido "con las obligaciones que tenía" a su cargo.
Ninguno de los dos imputados aceptó preguntas de las partes y por eso la declaración de Carelli fue muy breve, en tanto que Rizzo se extendió un poco más explicando la normativa vigente al momento del incendio y dijo que los boliches como Cromañón no tenían obligación de tener seguridad privada y él impulsaba un cambio en ese aspecto.
Por su parte, Rafael Levy, dueño del local donde funcionaba el boliche, se negó a declarar y dijo que lo hará más adelante por consejo de sus abogados. La misma decisión le manifestaron a los jueces el exsecretario de Seguridad porteño, Juan Carlos López, y el excomisario de la seccional 7ma., Gabriel Sevald.
El juicio se reanudó en el Salón de Usos Múltiples (SUM) del edificio de Comodoro Py 2002, en los tribunales de Retiro, luego de ser suspendido el jueves pasado por incidentes con familiares de las víctimas que se quejaban porque no habían podido ingresar a la sala. La audiencia comenzó con la lectura de la elevación a juicio de los cinco imputados, la cual había quedado inconclusa la última vez y fue escuchado por los familiares del otro lado del blíndex que divide la sala.
Luego, la presidenta del tribunal, María Cecilia Maiza, comenzó a citar a cada imputado, quienes más allá de declarar o no, aportaron sus datos personales. Los familiares de las víctimas, que como máximo llegaron a ser 50 pese a que les asignaron un centenar de lugares tras la protesta de la semana pasada, acompañaron con murmullos y expresiones de indignación cada palabra de Carelli y Rizzo.
"Miralo vos al vago, qué lindo, trabaja en seguridad", dijo uno de los padres cuando Rizzo comentó al tribunal que en la actualidad se desempeña como asesor de la comisión de seguridad de la Legislatura porteña.
En el juicio, la acusación más grave pesa contra Levy, procesado como coautor de estrago doloso agravado por la muerte de personas en concurso real con cohecho activo: el primer delito tiene una pena de entre 8 y 20 años de cárcel y el segundo de 1 a 6.
A Sevald se lo acusa de cohecho pasivo (recibir dinero, en este caso para no fiscalizar), delito que tiene igual pena que el activo, y a López, Rizzo y Carelli de ser coautores de incumplimiento de los deberes de funcionario público, que prevé hasta dos años de prisión.
La tragedia ocurrió el 30 de diciembre de 2004, cuando el grupo de rock Callejeros tocaba en el local y un grupo de jóvenes nunca identificados arrojó bengalas que incendiaron el techo.
Por el hecho, se realizó un primer juicio en el que se condenó al ex gerenciador Omar Chabán, a su mano derecha, Raúl Villareal, al ex subcomisario Rubén Díaz, a tres ex funcionarios porteños y se absolvió a la banda Callejeros, luego condenada a partir de un fallo de la Cámara de Casación.
El juicio pasó a un cuarto intermedio hasta el 18 de mayo a las 9.30, cuando comenzarán a declarar los testigos.
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