Cuarenta y ocho horas antes de encolumnarse a un retiro a la tucumana Tafí del Valle para definir si presentarán candidatos para ocupar bancas en el retocado Consejo de la Magistratura, los abogados presentaron ayer en la Justicia una acción de inconstitucionalidad contra la reducción del número de miembros de ese cuerpo colegiado.
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La ofensiva promovida desde la Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA) encontró el respaldo de una sentencia de la Sala II de la Cámara en lo Contencioso que le ordenó a la jueza Clara Do Pico que resuelva un amparo que en similar sintonía presentó la Asociación de Abogados de Buenos Aires (AABA) para impedir que la reforma se ponga en práctica hasta tanto no se resuelva la legalidad de la ley que le dio vida.
El caso ya llegó a la Corte Suprema por un planteo de inconstitucionalidad que realizó el presidente de la FACA, Carlos Andreucci y otros cuatro abogados.
En un escrito de 400 páginas, la federación que nuclea a los colegios del país considera «avasallado» el derecho de los abogados con esta ley que sancionó el Congreso por pedido del Ejecutivo que le quita representación en el Consejo de la Magistratura. Gracias a esa reforma los abogados y académicos perdieron una silla en la mesa de decisiones del consejo de jueces.
Derechos conculcados
En tal sentido, el gremio de los abogados sostiene que la nueva ley ha pasado por arriba los derechos de participación que el artículo 114 de la Constitución garantiza a los abogados de la matricula federal en el Consejo.
«El constituyente no ha estimado conveniente que se le encomiende la denominada 'política judicial' a un sector limitadode la sociedad, como lo es el estamento judicial o legislativo», dice el reclamo.En cuanto a la seguridad jurídica, los abogados denuncian que el cuadro jurídico que quedaría después de «estas verdaderas reformas constitucionales», es confuso e inestable.
«Confuso porque hay una suma de pretextos falsos: la pretendida inoperancia del Consejo de la Magistratura no encontraría -para el supuesto que fuera verdadera- solución en el desequilibrio que detentan la norma en cuestión. Inestable porque el accionar subrepticio genera legítimas dudas sobre la validez y la legalidad de las normas y de los cambios instaurados», sostiene el escrito presentado por Carlos Andreucci, presidente de la FACA.
También se afirma que con la propuestaoficial se «elimina» la representación de las ideas de las minorías en la abogacía y en los restantes estamentos.
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