Armas: Emir Yoma negó cuenta acusada por coima

Los abogados de EmirYoma - Zenón Ceballos y Mariano Cúneo Libarona-presentaron ayer ante el juez Jorge Urso un escrito en el que el ex cuñado de Carlos Menem negó tener cuentas en Uruguay y mostró su interés en que se conozca el contenido de las cajas con la cuenta «Daforel en el MTB Bank de Nueva York entre 1991 y 1994». A través de ésta, el prófugo traficante de armas Diego Palleros dijo que Fabricaciones Militares depositó $ 400.000 para pagarle presuntamente una comisión por la venta de armas a Croacia a un alto funcionario cuya descripción intentó asemejar a Yoma. Finalmente el destinatario no apareció y el dinero fue reintegrado a esa empresa del Estado.

También Yoma presentará mañana ante la CIDH (Comisión Interamericana de Derechos Humanos) una acusación contra la investigación a que es sometido por Urso y el fiscal Carlos Stornelli. El ex asesor presidencial se quejará de que fue «detenido ilegalmente» y que fue escogido para poder llegar al apresamiento de Menem como finalmente ocurrió. El extenso escrito que estaba apurando anoche Julio Ballestero, el principal soporte práctico de los abogados de Emir Yoma, será entregado mañana por un abogado de ese estudio en la mesa de entradas de la Comisión en Washington DC.

En líneas generales tomará gran parte de la queja que ante ese mismo organismo, denunciando arbitrariedades y persecución judicial, elevó el ex mandatario.

Códigos y números

De todos modos, ése es el único dato con nombre y apellido de esa cuenta que, ahora, debe ser confirmada por los expertos del Banco Central encabezados por Alicia López porque el resto está conformado en códigos y números que deben ser descifrados por los técnicos que colaboran en esta investigación, al igual que con los jueces Rodolfo Canicoba Corral, Gabriel Cavallo y María Servini de Cubría, que tienen causas vinculadas con las denuncias de Elisa Carrió, tomadas -en su mayoría-de esos mismos expedientes judiciales. En el caso específico de Armas, en el juzgado de Urso se seguía esperando ayer la información de Suiza sobre la presunta existencia de cuentas bancarias que comprometan al ex presidente Carlos Menem.

De todos modos, el ex fiscal suizo Mark Pieth que presidió la sección sobre Crimen Organizado y Económico de la Oficina Federal de Justicia de la Confederación Helvética, y actual titular del Grupo de Expertos sobre Soborno en Transacciones Comerciales de la OECD (Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico) precisó que para que Suiza levante el secreto bancario deben «determinarse los hechos delictivos, explicar detalladamente los hechos y precisar la ubicación de las cuentas bancarias». Pieth -actual profesor de Derecho Penal en Basilea-que integró la «task force» de acción financiera sobre lavado de dinero que se encuentra desde ayer en Buenos Aires, precisó además que «también deben compatibilizarse los delitos», una dificultad que se presenta con el delito de enriquecimiento ilícito porque en la Argentina puede invertirse la carga de la prueba y esa particularidad no la admite el Código Penal de ese país.

En ese marco se relativizó ayer en la Procuración General de Nicolás Becerra el nuevo intento del fiscal Stornelli de investigar a Menem por presunto enriquecimiento ilícito. Stornelli -obviamente, ya que impulsó esa investigación desde 1996- rechazó el pedido de los defensores del ex presidente para que Urso se inhiba de investigar esa imputación porque se trata de cosa juzgada. En el ministerio fiscal coincidían con la posición de los abogados Oscar Roger y Oscar Salvi porque se entiende como fallos definitivos lo resuelto por los jueces federales de Córdoba, Luis Morales, y de Capital Federal, Jorge Ballestero, que -además-fueron confirmados por sus respectivas cámaras.

Stornelli insistió que Menem no fue investigado por enriquecimiento ilícito, se convirtió inesperadamente en juez de jueces al sostener en su escrito, en abierta crítica al riojano que Menem «ni siquiera fue intimado a justificar un eventual incremento patrimonial ni tampoco indagado». Este celo del fiscal no se compadece -según testimonios de la jueza María Servini de Cubría, que investiga al BCCI de Gaith Pharaon también denunciado por Carrió- con su renuencia a profundizar la investigación por supuesto enriquecimiento ilícito contra el ex secretario general de la Presidencia, Alberto Kohan, que le valió un serio enfrentamiento con la fiscal general Alejandra Perroud. En ese caso, Becerra respaldó a Stornelli, pero, ahora, estaría en la posición opuesta del controvertido fiscal.

Precisamente en manos del procurador general se encuentra el «recurso de queja» que presentaron Ceballos y Cúneo Libarona pidiendo la excarcelación y el desprocesamiento de Yoma tal como ordenó Urso y confirmó la Sala II de la Cámara Federal Penal. La derivación hecha por los máximos jueces hacia Becerra para que dictamine si corresponde abrir el recurso y no rechazarlo «in limine» (sin mirarlo) fue tomado como positivo por los abogados defensores del empresario riojano, quienes también ponderaron por la rapidez con que respondió la Corte, donde los procesos suelen durar varios meses. También se entendió como importante el criterio de altas fuentes de la Procuración de considerar que la acusación por enriquecimiento ilícito contra Menem sería «cosa juzgada» porque en ese incidente deberán intervenir el fiscal de cámara, Germán Moldes -anteriormente había concedido el Recurso Extraordinario negado después por los camaristas-o el propio Becerra si Urso confirma a Stornelli como viene haciendo y la discusión se plantea en instancias superiores.