Mientras el fiscal federal Carlos Cearras pidió la lista de los clientes del Banco Nación que podrían haber tenido acceso a las cajas de seguridad violadas, el juez del caso, Norberto Oyarbide centró su investigación en los empleados del banco, aunque no descartó otras pistas. Cearras, un experimentado en investigaciones bancarias ya que tuvo a su cargo IBM-Banco Nación, juicio paralizado en otros estamentos de la Justicia, se inclina por abrir el abanico de posibilidades y no desecha investigar a clientes o policías. Esta imprecisión judicial dio origen ayer a diferentes versiones «conspirativas», lo que obligó a que fuentes de las asociaciones bancarias negaran que otras entidades hayan sido afectadas por robos similares en los últimos días como trascendió en la City.
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De todos modos, desde el juzgado de Oyarbide se dispararon distintas versiones sobre la base de los datos aportados por los indagados ayer por ese juez federal a quien el secretario de la Asociación Bancaria, Juan José Zanola, le reprochó focalizar la investigación sólo sobre los empleados. Ello obligó a Oyarbide a ampliar el espectro de sospechados y a coincidir con el fiscal, pero sin datos concretos más allá de los aportados por Felisa Miceli, la presidenta del Nación; y su jefe de Seguridad, Jorge Brunet. Hasta ayer no se habían realizado medidas de pruebas que los expertos bancarios consideran imprescindibles. Brunet le dijo al juez que «sólo cuatro empleados del Nación tenían la llave de acceso a la bóveda donde se encontraban las cajas y que policías federales de distintas comisarías custodiaban el acceso». Un informe similar fue suministrado por el jefe de área donde están las cajas, pero su nombre no trascendió. Uno de los interrogantes que se plantearon ayer en la City fue «¿si en realidad la cajas violadas habían sido sólo cuatro y si es cierto que su violación estuvo direccionada?». Por el momento, esa inquietud no fue evacuada en el juzgado como tampoco si intervinieron «profesionales» ya que la sede del Nación se encuentra a 50 metros de la Casa de Gobierno, a otro tanto de la SIDE y distintos ministerios, lo que lo convierte en el lugar más vigilado del país.
Por el contrario, Oyarbide se conformó con el testimonio de Miceli, quien se extendió sobre el funcionamiento del sistema de seguridad y las medidas internas adoptadas una vez conocido el robo que, según fuentes judiciales, se habría producido el último fin de semana largo -sábado 18 al lunes 20- y que el dinero faltante -por ahora- rondaría los 300.000 dólares y joyas, contradiciendo las primeras informaciones que hablaban de un faltante de 120.000 dólares y 40.000 euros.
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