La Corte Suprema descarta que el gobierno y el Parlamento --im-pregnados de "populismo"- vayan a declarar estado de sitio por conmoción interna económica, única salida constitucional para disponer suspensión de efectivización en los 140.000 juicios de amparo de depositantes contra el "corralito". La Corte dejará, es obvio, la impresión de que actúa por diluirse el insensato "juicio político" que se pretendía sobre sus miembros y también que no es muy constitucional -sin declarar ese estado de sitio-una acordada extraordinaria sobre el tema pero le daría una solución al gobierno, que no puede abastecer a los bancos de fondos para devolver los 60.000 millones aún retenidos a la gente. Con "maquillaje" jurídico se aprovecharía la pretensión de devolución de fondos retenidos a la provincia de San Luis para dictaminar: los depositantes tienen derecho a sus ahorros (en realidad el derecho legal ya lo poseen ahora sin acordada) pero cobra-rán recién cuando puedan pagarles. O sea que nada variará pero se evitará el "goteo" (salida de fondos de a poco) por fallos judiciales.
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En realidad se trata de un acercamiento con
Mientras la Corte y el gobierno pulsean por esta «pavada» del juicio político -según
Algunas señales desde el gobierno y los sectores de la oposición que lo acompañan para no acusar a Augusto Belluscio, Gustavo Bossert y Enrique Petracchi por las obligaciones del pacto entre Duhalde y Raúl Alfonsín, endureció a quienes creen que se convertirán «en el chivo expiatorio» de la embestida política.
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