La Corte buscará un punto de equilibrio entre los acreedores y deudores financieros sin distinguir si se trata de bancos o acreedores privados, como pueden ser financieras o escribanías. El tribunal adelantó su habitual acuerdo semanal -como publicó este diario-para mañana, con la intención de comenzar a desandar el camino final de la legislación que instauró la devaluación y la pesificación. Para empezar, a fines de la semana pasada, salieron las notificaciones a las partes para que estén presentes en el sorteo de los conjueces que deberán completar la Corte ante la excusación de Enrique Petracchi y Gustavo Bossert. Los reemplazantes provendrán de cualquiera de las cámaras federales del país y recién -en el hipotético caso de que se excusaran todos-se recurrirá a la lista de conjueces conformadas con abogados del foro.
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Pero, ante esta eventualidad, se presenta una grave omisión porque la anterior Corte de conjueces designada durante el final del gobierno de Carlos Menem, entre los que se encontraban los abogados Jorge Anzorreguy, Fernando Archimbald y Jorge de la Rúa, caducó su mandato el pasado 30 de setiembre. En tanto, la nueva Corte de conjueces propuesta por Eduardo Duhalde -encabezada por Carlos León Arslanian, Ricardo Gil Lavedra, Alberto García Lema, entre otros abogados de fuerte presencia política y mediáticaaún no fue aprobada por el Senado.
•Compromiso
La procedencia de quienes integrarán el máximo tribunal es de vital importancia para proyectar el pronunciamiento de la Corte porque -hasta ahora-no hay una sola cámara que se haya pronunciado a favor del «corralito» financiero o de la pesificación. «Sólo un fuerte compromiso político podría torcer la mayoría de 4 a 3 en contra de la pesificación», se chicaneó en la Corte.
Esta primera minoría -Julio Nazareno, Eduardo Moliné O'Connor, Guillermo López y Adolfo Vázquez-sufrió la deserción de Antonio Boggiano, quien, luego de algunos forcejeos intelectuales con sus -hasta ese momento-compañeros de ruta, se inclinó por escuchar los argumentos de Roberto Lavagna para que no se voltee la pesificación, que podría agravar seriamente a la economía. Augusto Belluscio -que en los últimos tiempos también viene acompañando a la posición de la denominada «mayoría automática»- también creyó conveniente escuchar las argumentaciones del gobierno en defensa de sus medidas económicas.
•Expectativa
Así, junto con Carlos Fayt, se opuso a que se dolarice el plazo fijo contraído por Antonio Acerbo por u$s 1.000.000 con el Banco de Chubut y el depósito judicial por $ 180.000 que debe pagar el gobierno de Río Negro a Ciro Saber, un menor de San Carlos de Bariloche que reclama una indemnización por la muerte de su madre a raíz de un accidente de aviación con la empresa estatal rionegrina.
Este último caso es el que provoca mayor expectativa, porque se trata de una deuda en pesos que la Justicia falló a favor de un acreedor antes de la devaluación de Eduardo Duhalde. En este caso, el criterio de los cuatro jueces supremos sería el de considerar el peso convertible en el mismo nivel que el dólar para mantener su poder adquisitivo. Ese razonamiento por parte de algunos ministros judiciales surge a partir de la aplicación del concepto que no se puede permitir el deterioro patrimonial de las personas y la defensa a ultranza del derecho a la propiedad, base del sistema jurídico de la economía de libre mercado.
Por eso, se trata de aplicar lo que se denomina la teoría de la imprevisión para no provocar un daño mayor a la economía y, al mismo tiempo, no vulnerar las garantías que consagra el artículo 17 de la Constitución. Pero, en ese concepto, los jueces están preocupados por el efecto práctico que una despesificación general traerá sobre la economía.
Porque, así como hay acreedores financieros perjudicados, existe una cantidad similar de deudores beneficiados. Por ello, se tratará de buscar sistemas de compensaciones como viene anticipando este diario: dolarizar acreencias, pero sin la exigencia de ser pagadas ahora y, al mismo tiempo, mantener la pesificación para las deudas tanto a los bancos como a financieras, economías o cualquier otro prestatario. Las descompensaciones para unos y otros deberán ser atendidas por el gobierno, a quien considera el responsable jurídico de las discutidas medidas económicas.
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