Dudas sobre quién ganó al relevar a juez que lo buscó

Liporace no es -y ahora menos- mirado con respeto en la vida interna judicial. Demoró meses en total secreto la causa de SW sin adoptar medidas hasta que trascendió por los diarios («La Nación»). A partir de ahí su proceder fue exageradamente al revés. Se dedicó a hablar por cuanta radio, medio gráfico, cable o canal abierto de televisión lo invitaba. Adelantaba opiniones y prejuzgaba hasta groseramente. Pocos dudan de que quería lo que ahora logró: ser separado de una espinosa causa con repercusión dentro del gobierno. Por eso

Lo separó finalmente una Cámara B en lo Penal Económico que tiene oscura historia. La dominan los jueces Marcos Grabivker y Roberto Hornos, que siempre actúan al unísono contra el tercero Carlos Pizzatelli que queda en minoría. Ayer, Pizzatelli votó para que siguiera la causa en el resbaladizo Liporace. Grabivker es quien se empecinó en mantener preso a Héctor Ricardo García, el director de «Crónica» por un tema impositivo simple. Responde también al diario monopólico «Clarín» en donde ha sido columnista, por lo cual se deduce que «Clarín» hoy por hoy no alentara y ese camarista tampoco nada contra el oficialismo.

Felizmente, el relevo de un juez con fallas como Liporace no aparta de esta causa del contrabando a la audaz fiscal María Gabriela Ruiz Morales, que está dispuesta a llevar la investigación del contrabando en SW a sus últimas consecuencias. Esta mujer es, en realidad, a la que teme el gobierno quien la bombardea a denuncias (algunas tan ridículas como que el secretario de la Fiscalía, César Cabrera, apoyó un revolver en la cabeza para que dijera toda la verdad Andrés Machado, el policía empleado de SW que simultáneamente es miembro de la custodia del presidente Kirchner, algo por lo cual se le habría otorgado ese conchabo extra a sus funciones).

Cabrera, pensando en su familia, fue aconsejado por la fiscal que se aparte de la causa y Gabriela Ruiz Morales sigue aunque bastante desprotegida para su empeño. Envió una carta para que la defienda y apoye la libertad de acción de su Fiscalía (se publica a continuación) al procurador general de la Nación, Esteban Righi, que se ha tornado un hombre totalmente irrelevante, salvo para el gobierno, que cobra un sueldo a partir de su designaciónpor la Presidencia. O sea no se ve esperanzas de libre acción a la intrépida fiscal, por lo cual los funcionarios y directivos relacionados con SW, podrían ser inocentes, es posible, pero quedarán sospechados. Pero si hicieron en su contra denuncias torpes para inmovilizarla, no podrán quejarse. Se teme por la continuidad de la fiscal y cómo puede llevarse con un nuevo juez de la causa a sortear. Cambio de juez no implica cambio de fiscal actuante.

La carta que envió la Dra. María Gabriela Ruiz Morales al procurador Righi tiene estos duros términos: «Es lamentable que una pesquisa de tal envergadura y gravedad se pueda llegar a entorpecer o desvirtuar por una constante aparición de denuncias sin sustento a medida que se ve más comprometida la situación procesal de cada uno de los involucrados o investigados». «Estas denuncias recurrentes, efectuadas por integrantes del PEN, sea cual fuere su jerarquía, motivan a comunicar y recurrir al procurador general por cuanto es quien por excelencia debe velar por los derechos y garantías atribuidos por el artículo 120 de la Constitución Nacional, que sabido es que consagra la independencia del Ministerio Público Fiscal». «Esa autonomía del Ministerio Público en su totalidad se vería lesionada y restringida al encontrarse sometido, cualquiera sea el integrante que lo represente, ante el hostigamiento de una evidente maliciosa estupidez que persiguen absurdas denuncias efectuadas por personas involucradas o imputadas en una investigación de gravedad cual es el contrabando de drogas».