En las próximas horas, el fiscal de la Casación Penal Raúl Plee opinará que deben unificarse las investigaciones judiciales por la venta de armas a Croacia y a Ecuador en el fuero Penal Económico. El caso se encuentra en esa instancia por el rechazo que hicieron tanto el juez Julio Speroni como los fiscales Alicia Sustaita y Marcelo Guerberoff de la decisión de la Sala II de la Cámara Federal Penal porteña, que quiso unificar todas las instrucciones en su propio fuero y en manos de los cuestionados Jorge Urso y Carlos Stornelli, quienes -al igual que los camaristas- fueron duramente maltratados por la Corte por la irregular aplicación de la asociación ilícita en este caso. Después de este trámite y con la resolución de la Corte de los recursos extraordinarios del ex ministro de Defensa Antonio Erman González y del ex jefe del Ejército Martín Balza antes de fin de año, el polémico caso podrá ir a juicio oral y público para mediados del año próximo.
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De todos modos, quienes deberán resolver serán los camaristas Juan Fégoli, Pedro David y Raúl Madueño, que no suelen comulgar en doctrina jurídica con sus inferiores Martín Irurzun, Horacio Cattani y Eduardo Luraschi. El dictamen de Plee sostendrá que contrabando es el cargo penal más gravoso que existe en esa causa -mucho más al ser descartada la asociación ilícita por la Corte-, por lo que debe sustanciarse en ese fuero que naturalmente entiende en los delitos con esa calificación penal. En Penal Económico, Speroni reclamó para sí la investigación y su par Horacio Altabe decidió enviarle la parte de la investigación que incluye los embarques aéreos a Ecuador a través de la empresa norteamericana Fine Airlines (Guillermo Patricio Kelly pidió que el presidente de esta empresa, Fine Frank, fuera interrogado por los jueces argentinos). Sustaita apeló la decisión de Altabe de desprenderse de la causa y ahora debe ser resuelta por los camaristas de la Sala B, Marcos Grabivker -el más criticado-, Juan Pizatelli y Roberto Hornos.
El único punto que retiene Urso y que Plee no pedirá que pase a Penal Económico es el expediente con la investigación -cuestionada- de presunto enriquecimiento ilícito de Carlos Menem pero dirá que debe ser transferida la parte que investiga la ruta del dinero por la venta de armas que incluye al financista Pedro Stier y a Emir Yoma. La diferenciación es importante porque países como Suiza rechazan dar información sobre enriquecimiento ilícito pero no tienen reparos cuando se trata de dinero cuyo origen es la venta de armas y el narcotráfico. Además, para los abogados de Menem, el ex presidente ya fue investigado por enriquecimiento ilícito y salió sobreseído por el juez provincial Miguel Morales en La Rioja y por Jorge Ballestero en la Capital Federal.
• Sin apelación
Los dos pronunciamientos quedaron firmes al no existir apelación fiscal, por lo que Urso sólo podría investigar el período que va desde el año 1988, cuando se cerraron los otros dos casos, hasta el 10 de diciembre de 1999, cuando Menem entregó el mando presidencial. Pero ese tramo estaba a cargo del juez Juan José Galeano, a quien le tocó por sorteo a raíz de una denuncia contra el ex presidente por parte de Carlos Chacho Alvarez y otros diputados del Frepaso.
Sin embargo, Galeano, cuando el controvertido dúo judicial Urso-Stornelli se encontraba en su apogeo de notoriedad, resignó la investigación en el primero, lo que provocó la apelación de César Arias, uno de los abogados de Menem, que luego declinó estas defensas en favor de Oscar Roger y Oscar Salvi. Ese trámite debe ser resuelto por la Sala II pero, ante el fallo de la Corte, se cree que derivará toda la cuestión de la venta de armas a sus pares Luisa Riva Aramayo, Gabriel Cavallo y Horacio Vigliani.
Si se confirma el dictamen de Plee por parte de la Cámara de la Casación Penal, la causa de las armas quedará en manos de Speroni y será el Tribunal Oral en lo Penal Económico Nº 3 (TOPE 3) el que sustancie el juicio público final. Ya se encuentran en ese tribunal, que integran los camaristas Ernesto Héctor Gandolfi, Héctor Acuña y Clelia Oliva Hernández y actúa como fiscal de juicio Gustavo Bruzzone, algunas sustanciaciones, como las que comprometen al general Antonio Vicario y a otros miembros del Ejército vinculados con Fabricaciones Militares. Al dictarse la falta de mérito en favor de Menem y de Yoma, el único comprometido de peso es González pero los abogados del ex ministro de Defensa analizan un dictamen de Bruzzone que sostiene que un gabinete no puede cometer el delito de contrabando. También la suerte de González y de Balza -el otro peso pesado en esta causa- se encuentra a instancias de la Corte, pero esa resolución recién llegará para la Navidad.
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