El jueves pasado, los legisladores porteños omitieron abocarse a la sesión semanal ordinaria del cuerpo, y tampoco lograban reunir dos tercios de los votos para tratar temas sobre tablas. Es el caso de la sanción de una prórroga de la entrada en vigencia de la ley que declara la autonomía del Ministerio Público de la Ciudad de Buenos Aires. La norma otorga a los fiscales porteños independencia del Consejo de la Magistratura en el manejo presupuestario, entre otras cuestiones.
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Se sancionó en enero pasado, pero una cláusula transitoria impuso que entra en vigencia a los ciento veinte días de ser promulgada.
El jueves pasado se completó el plazo, pero los legisladores impulsan frenar por 60 días más la autonomía para hacerla coincidir con la renovación del fiscal general, el defensor general y asesor de incapaces, tres cargos que están sujetos a acuerdos políticos, ya que son designados por la Legislatura.
No hubo sesión y así está en vigencia la Ley 1903 que asegura que el Ministerio Público integra el Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires «con carácter independiente, dotado de autonomía funcional y autarquía» y que «el gobierno y administración» de las fiscalías «estarán exclusivamente a cargo de sus titulares y de los magistrados» que determina la misma norma.
Pero los legisladores porteños consideran que la prórroga de entrada en vigencia de la ley puede votarse el jueves de esta semana con carácter retroactivo, para postergar por dos meses el nuevo funcionamiento de las fiscalías.
El tiempo es requerido también para lograr el acuerdo mediante el cual el macrismo propondría el nombre del futuro fiscal general, el kirchnerismo del defensor general y el ARI del asesor tutelar.
Además estará lista para entonces -según lo previsto, aunque también se viene demorando- la modificación de la ley del Poder Judicial que creará más juzgados contravencionales con competencia para delitos penales, materia que le transfiere la Nación de los juzgados correccionales, de acuerdo con un convenio entre los dos Estados.
Reclamo reiterado
La ley de autonomía permite que el Ministerio Público maneje su propio presupuesto y está en sintonía con la Constitución porteña. Desde que se organizó la Justicia en la Ciudad, hace 8 años, los fiscales venían reclamando presupuesto propio. Por ejemplo, actualmente dependen de la decisión del Consejo de la Magistratura en caso de necesitar algún elemento que les permita hacer controles en las calles.
La Constitución de la Ciudad no le daba presupuesto propio, sino a través del Consejo.
Por otra parte, cuando se modifique la Ley 7, de organización del Poder Judicial, se abrirán al menos media docena de fiscalías nuevas, a razón de una cada dos juzgados y requerirán de concursos para el ingreso de personal.
Legisladores de diferentes bancadas, aseguran que «no hay problema en votar la prórroga una semana más tarde». La ley, por cierto, entró en vigencia, de modo que la Legislatura debería suspender la norma. Argumentan que «se habló con los fiscales» para que no pongan en práctica la autonomía por ahora y que sigan dependiendo del Consejo de la Magistratura por dos meses más.
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